El inicio de la jornada electoral en Coahuila se ve empañado por acusaciones de Morena y PT sobre detenciones arbitrarias de militantes y el uso de programas sociales estatales y federales para coaccionar el voto, desatando un clima de controversia.
El conflictivo inicio de la jornada electoral coahuilense
La sesión permanente del Instituto Electoral de Coahuila marcó el comienzo oficial del proceso electoral en la entidad, enmarcado por serias acusaciones. Este domingo, 7 de junio de 2026, los ciudadanos de Coahuila acudieron a las urnas para elegir un total de 25 legisladores locales, de los cuales 16 serán definidos por el principio de mayoría relativa, mientras que el resto se designará por representación proporcional.
Inmediatamente después del arranque, el Partido del Trabajo (PT) y Morena formalizaron una serie de denuncias. Estas acusaciones incluyen la detención arbitraria de al menos 16 de sus militantes, acciones que atribuyeron directamente a corporaciones de seguridad del estado. Adicionalmente, se señaló el uso sistemático de programas sociales, tanto de ámbito federal como estatal, como mecanismo para coaccionar el voto de los electores en beneficio de ciertos partidos.
Acusaciones de coacción al voto y detenciones arbitrarias
Durante las intervenciones de los partidos políticos, la representante del Partido del Trabajo, Diana Hernández, junto con el líder de Morena y cabeza de la lista de plurinominales de la alianza “Sigamos Construyendo la Historia en Coahuila”, Diego del Bosques Villarreal, detallaron la presentación de 40 denuncias por delitos electorales. Estas acusaciones fueron dirigidas contra autoridades estatales, particularmente contra los cuerpos de seguridad, y contra Gabriel Elizondo, coordinador del programa “Mejora”, quien es primo político del gobernador Manolo Jiménez Salinas y figura en la lista de diputaciones por representación minoritaria.
Del Bosques Villarreal argumentó que, a pesar de un discurso nacional que cuestiona la falta de democracia bajo el gobierno federal de Morena, la situación en Coahuila presenta una movilización masiva del aparato de seguridad estatal en contra de sus militantes en los días previos a la elección. Declaró que:
- Más de 40 patrullas de corporaciones policiacas fueron utilizadas para detener a ocho compañeros en Frontera.
- Policías municipales protegieron la compra de votos en Monclova.
- Más de 20 patrullas de la Policía de Acción y Reacción (PAR) detuvieron a un brigadista en Torreón en la madrugada del día anterior a la votación.
El líder de Morena subrayó que tales eventos “no se ven en ninguna otra parte del país” y que una situación similar sería un escándalo nacional, llevando al PRI y al PAN a denunciar ante la OEA y organismos de derechos humanos, mientras ignoran lo que ocurre en Coahuila.
Confrontación política: respuestas del PAN y PRI
En contraparte, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo Sondón Saavedra, también denunció irregularidades, enfocándose en el uso de programas sociales federales para condicionar el voto durante las actividades previas a la jornada electoral. Su señalamiento apunta a una práctica recurrente en el ámbito político.
La respuesta del representante del PRI, Rodrigo Hernández Gonzáles, se dirigió directamente a las acusaciones de Morena y PT. Hernández Gonzáles replicó que la capacidad de sus oponentes para recurrir a instancias internacionales se debe a que “a nosotros no nos quitan las visas”. Esta afirmación rememoró información sobre funcionarios de Morena presuntamente vinculados con la delincuencia organizada y señalados por autoridades de Estados Unidos.
Casos específicos: detenciones en Frontera y Torreón
Las denuncias presentadas por Morena y el PT se fundamentan en incidentes concretos de privación ilegal de la libertad. Uno de los casos documentados involucra a Carlos Rodríguez Falcón, candidato suplente a diputado por el distrito 06 con cabecera en el municipio de Frontera. Rodríguez Falcón fue liberado la noche del sábado, tras la obtención de un amparo judicial.
Asimismo, se informó de la detención de otras 16 personas. Estos individuos vigilaban un domicilio particular en el que, presuntamente, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI-UDC, Héctor Miguel García Falcón, y la presidenta municipal de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, se encontraban reunidos y comprando votos. Las detenciones fueron realizadas por la policía municipal y los implicados fueron liberados horas después.
Desde el sábado, se ha solicitado información a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila sobre estas detenciones, pero la dependencia se ha negado a atender la petición. Previamente, el viernes, la FGE había dado a conocer la detención de dos personas por supuestamente utilizar documentos apócrifos a nombre de la Fiscalía General de la República (FGR) para intimidar a simpatizantes priistas con denuncias inexistentes.
La respuesta institucional ante las denuncias electorales
El presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó sobre el curso de las denuncias presentadas. Las acusaciones fueron canalizadas a la Mesa de Seguridad del estado de Coahuila, un órgano en el que participan no solo autoridades estatales, sino también la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Rodríguez Fuentes explicó que “fueron turnados también a la Fiscalía General del Estado para que se determine lo que corresponde. Nosotros turnamos las denuncias, porque la competencia es de ellos al ser un presunto delito”. Esta acción subraya la delimitación de responsabilidades entre las instituciones electorales y las de procuración de justicia ante posibles delitos.
Cerca de 2.5 millones de ciudadanas y ciudadanos pudieron participar en la renovación del Congreso Local.
