La polémica sobre la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la Ley de Aguas Nacionales ha forzado a los legisladores a pisar el freno. Ante las alarmas encendidas, principalmente por el sector agrícola, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha prometido que no habrá aprobación sin consenso total.
Blindaje político: la ley de aguas no avanzará si perjudica a agricultores
La presión de diversos sectores de la población, particularmente de los productores del campo, ha llevado a la bancada mayoritaria en la Cámara baja a establecer condiciones estrictas para el debate y la eventual aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, fue enfático al dejar en claro que no se aprobará ninguna Ley de Aguas Nacionales que perjudique a algún sector de la población, con especial atención a los agricultores.
Esta postura fue reafirmada durante un diálogo con Martín Solís, dirigente de productores agrícolas en Chihuahua, donde el morenista puntualizó que el proceso de audiencias públicas continuará.
> “Hasta que no queden perfectamente aclaradas las dudas, y precisadas bien la redacción de los artículos, no va a haber absolutamente ningún cambio, ni aprobación”, enfatizó Ramírez Cuéllar.
El legislador informó sobre la agenda inmediata del diálogo, señalando que próximamente se acudirá a entidades clave en el manejo hídrico y la producción agrícola, como:
- Chihuahua.
- Aguascalientes.
- Querétaro.
- Guanajuato.
Ramírez Cuéllar también reiteró su compromiso al expresar que la propuesta de ley no será perjudicial “ni para los agricultores ni para los organismos operadores de agua”.
Las prioridades centrales y la urgencia de “poner orden”
Dentro de los ejes fundamentales de la reforma, el vicecoordinador destacó que las prioridades centrales se centran en garantizar la seguridad hídrica en el país.
Estas prioridades incluyen:
- Asegurar agua tanto para la producción de alimentos como para el consumo humano y doméstico.
- Fortalecer la sustentabilidad y el cuidado del recurso hídrico.
Además de las prioridades de uso, el diputado mencionó una de las problemáticas estructurales que justifican la necesidad de “poner orden” en la gestión del agua: la existencia de aproximadamente 20 mil pozos ilegales.
Debate técnico: la diferencia entre transmisión y resignación
Uno de los puntos más sensibles en la revisión del articulado se relaciona directamente con la forma en que se manejan los derechos y las concesiones de agua.
Ramírez Cuéllar apuntó que actualmente está en revisión la modificación del término “transmisión” por “resignación” en relación con estos derechos y concesiones. Sin embargo, adelantó que se está trabajando para que finalmente se mantenga el concepto de transmisión, con el fin de evitar potenciales conflictos interpretativos que pudieran afectar la certeza jurídica de los usuarios.
La iniciativa, que fue presentada originalmente desde el 8 de octubre por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, busca, según el legislador, dar certeza a la ejecución de grandes obras hidráulicas, así como a la reparación y reconstrucción de la red en diversos municipios del estado.
La transparencia y el diálogo se perfilan como los únicos caminos para destrabar una legislación tan crucial. El mensaje de Alfonso Ramírez Cuéllar es claro: el costo político de una Ley de Aguas Nacionales impuesta podría ser incalculable, pero el verdadero desafío reside en cuadrar la necesidad de orden ante 20 mil pozos ilegales con el respeto a los derechos históricos de los productores. ¿Podrá el proceso de audiencias garantizar la suficiencia hídrica sin generar una crisis en el campo?
