La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Natalia Fiorentini Cañedo, solicitó formalmente ante la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal de 36 mil 800 millones de pesos para evitar el colapso operativo de las instituciones de educación superior.
La insuficiencia presupuestal desde 2018 pone en riesgo la expansión de la matrícula y la continuidad de la reforma educativa de 2021 en las instituciones públicas del país.
La representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) advirtió que la capacidad financiera del sector alcanzó un punto de ruptura crítico. La rectora precisó que el ritmo de crecimiento de la matrícula, sostenido durante años anteriores, es actualmente insostenible bajo el esquema de recursos vigente. El diagnóstico institucional identifica que los incrementos asignados han sido sistemáticamente inferiores al deflactor del Producto Interno Bruto y al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El rezago financiero crónico acumulado durante los últimos años compromete la estabilidad operativa y el aprovechamiento del bono demográfico nacional.
La gestión presupuestal insuficiente amenaza dos pilares estratégicos de la educación superior mexicana. Primero, se advierte una parálisis en la transformación educativa orientada hacia el bienestar social, iniciada con la reforma de 2021. Segundo, existe una alta probabilidad de desacelerar el incremento de estudiantes, lo que impediría capitalizar las ventajas demográficas actuales. Las universidades públicas son el motor del sistema educativo al formar al 62% de la matrícula nacional, un universo que comprende 3.6 millones de jóvenes en programas de nivel profesional y posgrado, además de 800 mil estudiantes de nivel medio superior.
La producción del 90% de la investigación científica y tecnológica nacional depende directamente de la solvencia financiera de las instituciones públicas.
Más allá de la formación académica, las comunidades universitarias funcionan como órganos de consulta técnica para los gobiernos federal y estatales. Su labor abarca desde el análisis ético de la inteligencia artificial y estudios sobre el impacto del fracking, hasta la planificación de infraestructura crítica y estrategias de gestión hídrica. La rectora Fiorentini enfatizó que la inversión en estas instituciones no constituye un privilegio sectorial, sino un mecanismo indispensable para salvaguardar la soberanía del conocimiento y asegurar el porvenir de las siguientes generaciones.