La bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados impulsa una reforma penal para establecer una pena máxima de 120 años de cárcel a funcionarios públicos que establezcan vínculos de complicidad con organizaciones criminales.
El quiebre del orden público por la narcopolítica
Federico Döring, diputado federal por el Partido Acción Nacional, sostiene que la colusión gubernamental es el origen estructural de la violencia nacional, al entregar instituciones clave a grupos delictivos para facilitar el control territorial.
El legislador señala que el impacto de este fenómeno trasciende lo administrativo, convirtiéndose en el catalizador de los delitos de alto impacto:
- Extorsión sistémica ejecutada desde aparatos de seguridad locales.
- Secuestro facilitado por la omisión deliberada de la policía estatal.
- Huachicol y robo de combustibles bajo protección institucional.
- Homicidios dolosos derivados de la disputa y control de plazas.
Reformas al código penal y la ley de delincuencia organizada
La propuesta legislativa busca modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para tipificar la complicidad gubernamental no como un acto aislado, sino como una metástasis delictiva.
El análisis de la bancada panista determina que la entrega de fiscalías y corporaciones policiacas constituye el núcleo de la inseguridad. Según Döring, la legislación actual requiere una actualización drástica para igualar los castigos nacionales con los estándares internacionales más severos, estableciendo la cadena perpetua —fijada en 120 años— como el mecanismo de contención ante la infiltración.
Debates sobre el impacto de la punibilidad
Ante el cuestionamiento sobre la eficacia de endurecer penas en un entorno de impunidad, la iniciativa plantea que la existencia de un marco legal riguroso es una herramienta disuasiva necesaria.
La estrategia del PAN se fundamenta en los siguientes puntos:
- Dotación de instrumentos: Otorgar al Estado facultades para procesar la traición a la función pública.
- Sanciones ejemplares: Establecer el tope máximo de 120 años para funcionarios involucrados en nexos directos con cárteles.
- Coraza jurídica: Eliminar espacios de negociación para servidores públicos que actúen como operadores de estructuras delictivas.
El posicionamiento del legislador subraya que la prioridad de las instituciones nacionales debe centrarse en desmantelar la coordinación entre el poder político y el crimen, categorizando este vínculo como el delito prioritario a erradicar del sistema de justicia mexicano.
