Durante la conferencia matutina del 21 de mayo, Claudia Sheinbaum confirmó el resguardo de la Guardia Nacional al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, reveló no tener información sobre una solicitud similar para el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, quien también ha sido señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la misma indagatoria.
La mañanera expone dilemas de seguridad oficial
La jornada del 21 de mayo se centró en la respuesta oficial ante las graves acusaciones que pesan sobre figuras políticas mexicanas. Claudia Sheinbaum fue interrogada específicamente sobre la protección brindada por la Guardia Nacional a Rubén Rocha Moya, lo que derivó en la cuestión sobre Enrique Inzunza Cázarez. La candidata presidencial se limitó a indicar que carecía de datos sobre la situación del senador, mencionando: “No tengo información, pero pregunto.” Posteriormente, reafirmó su desconocimiento sobre si Inzunza Cázarez había solicitado seguridad oficial, señalando: “No tengo conocimiento del senador porque no se ha mencionado.”
Escándalo de Sinaloa: conexiones y detenciones
La controversia se intensificó con el despliegue del operativo de seguridad para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Este resguardo gubernamental surge en un contexto de acusaciones directas por parte de las autoridades estadounidenses, que vinculan al gobernador con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos. La situación ha escalado tras las detenciones en Estados Unidos de exfuncionarios cercanos a Rocha Moya, lo que ha elevado el escrutinio sobre el caso.
Los exfuncionarios implicados, quienes se entregaron a las autoridades norteamericanas, incluyen:
- El exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida.
- El exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega.
Estas detenciones han puesto en el punto de mira a los principales señalados en la investigación: Rocha Moya y el senador Inzunza Cázarez, quien previamente ocupó el cargo de secretario general de Gobierno bajo la administración de Rocha Moya. Según la acusación formal del Departamento de Justicia de Nueva York, Rocha Moya e Inzunza habrían recibido un apoyo significativo de Los Chapitos para asegurar la victoria en las elecciones de 2021. A cambio de este respaldo electoral, se presume que facilitarían las operaciones del Cártel de Sinaloa desde la estructura del gobierno estatal.
El proceso de solicitud de protección en México
Ante el cuestionamiento sobre cómo se gestiona la seguridad para funcionarios, Claudia Sheinbaum detalló el protocolo establecido, subrayando que la decisión no recae directamente en la presidencia. Explicó que las solicitudes se canalizan a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de forma directa a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La SEDENA cuenta con una metodología específica para evaluar la viabilidad de la protección. Alternativamente, la Secretaría de Gobernación realiza una revisión exhaustiva de los riesgos potenciales, sopesando las posibles amenazas por diversas razones. A partir de esta evaluación conjunta, se toma la determinación final sobre la asignación o no de vigilancia oficial.
Inzunza Cázarez: entre la incógnita de seguridad y otros frentes
A pesar de las acusaciones directas, Enrique Inzunza Cázarez no enfrenta actualmente una solicitud de desafuero. Su situación ha generado reacciones en el ámbito político; Ricardo Monreal, por ejemplo, ha roto el silencio sobre la ausencia de Inzunza en la Comisión Permanente. Adicionalmente, Ariadna Montiel ha descartado al senador para la gubernatura de Sinaloa, lo que añade otra capa de complejidad a su perfil político en medio de estas controversias. Tanto Rocha Moya como Enrique Inzunza han negado categóricamente las imputaciones formuladas por las autoridades estadounidenses, demandando la presentación de pruebas contundentes por parte de Washington para validar dichas acusaciones.
