El Registro Civil de Quintana Roo operará como entidad notificadora sobre el historial de deudores alimentarios de quienes pretendan contraer matrimonio, bajo una iniciativa legislativa que busca garantizar el acceso a información fáctica sobre las obligaciones alimentarias vigentes.
Integración del artículo 682 Bis en el código civil estatal
La propuesta legislativa busca instaurar un protocolo obligatorio de consulta ante el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias previo a la formalización del vínculo matrimonial.
El diputado Hugo Alday Nieto presentó ante el Congreso del Estado de Quintana Roo una iniciativa para modificar el Código Civil local, mediante la adición del artículo 682 Bis. La reforma faculta a los Oficiales del Registro Civil para que ejecuten una consulta exhaustiva en el portal público del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias antes de cualquier unión legal. El procedimiento estipula que, una vez obtenida la información sobre los antecedentes de morosidad, los funcionarios tendrán la obligación de notificar formalmente y por escrito los resultados a ambos contrayentes. Esta medida posiciona a la institución estatal como un vehículo de transparencia preventiva en un acto jurídico de relevancia familiar.
Naturaleza informativa de la salvaguarda jurídica
El mecanismo propuesto carece de facultades coercitivas, por lo que la consulta no limita el derecho constitucional a contraer matrimonio bajo ninguna circunstancia.
La naturaleza de la iniciativa reside exclusivamente en la provisión de elementos informativos para la toma de decisiones. El planteamiento legislativo especifica que, aun cuando se confirme una inscripción como deudor alimentario moroso en los sistemas nacionales, el Registro Civil no posee atribuciones para impedir la celebración del contrato matrimonial ni para denegar el servicio público. La estructura legal del proyecto garantiza que el derecho al matrimonio se mantenga intacto, fungiendo la intervención del Registro Civil únicamente como una notificación de transparencia. El diputado promovente, integrante del Partido del Trabajo, fundamenta esta propuesta en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, categorizando el cumplimiento de la manutención como un asunto de interés público.