La administración federal mexicana confirmó la normalización de los vínculos diplomáticos con el gobierno peruano tras un periodo de ruptura institucional. Este giro político incluye la concesión de un salvoconducto para la exfuncionaria Betsi Chávez.
La voluntad política del gobierno de Keiko Fujimori
El restablecimiento de los lazos diplomáticos se fundamenta en una acción de buena voluntad ejecutada por la administración de la presidenta peruana Keiko Fujimori hacia México.
La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, comunicó esta resolución durante la conferencia matutina del 7 de agosto. A pesar de este acercamiento, la postura del Estado mexicano respecto a la defensa política del expresidente Pedro Castillo se mantiene sin variaciones, punto que ha sido comunicado formalmente a las autoridades de Perú.
Salvoconducto y traslado de Betsi Chávez
El acuerdo diplomático facilitó la salida de Betsi Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, quien permanecía en la embajada de México.
- Condición de resguardo: Chávez se encontraba en la sede diplomática bajo protección debido a cargos de conspiración por rebelión, vinculados al intento de autogolpe de Estado ejecutado por Castillo.
- Logística de traslado: Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue destinado para trasladar a la exfuncionaria tras la entrega del salvoconducto por parte del gobierno peruano.
- Cooperación internacional: Durante el tiempo en que la embajada de México en Perú permaneció cerrada por la ruptura de relaciones, el resguardo de Chávez fue gestionado mediante la colaboración con Brasil, entidad a la cual el gobierno mexicano expresó un reconocimiento público.
Antecedentes de la ruptura institucional
La relación bilateral había entrado en un estado de colapso tras la crisis política desatada por la destitución y posterior proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo.
La apertura del diálogo con la actual gestión de Keiko Fujimori marca un cambio en la dinámica diplomática entre ambas naciones, permitiendo la resolución de casos específicos que se encontraban en un punto muerto debido a la falta de canales oficiales de comunicación entre las cancillerías.
