La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la regulación de la Modalidad 40 del IMSS responde a la detección de presuntos fraudes que permiten acceder a pensiones elevadas de forma irregular, con un impacto económico estimado en cientos de miles de millones de pesos.
Hallazgos del gobierno federal sobre anomalías en pensiones
La administración federal detectó esquemas de simulación que permitían a ciertos beneficiarios obtener percepciones económicas muy por encima de sus aportaciones reales.
Durante la conferencia matutina realizada el jueves 22 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que la intervención en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social surge tras un diagnóstico exhaustivo ejecutado por un grupo de trabajo del Gobierno federal. Este equipo identificó prácticas mediante las cuales diversas personas lograban incrementar artificialmente el cálculo de sus retiros.
La magnitud de estas irregularidades motivó la aplicación de modificaciones normativas para salvaguardar la viabilidad financiera del sistema y asegurar la disponibilidad de fondos destinados a la base trabajadora. La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que la problemática financiera representa cientos de miles de millones de pesos en distorsiones, aunque evitó puntualizar montos exactos o casos específicos en esta etapa informativa, adelantando que el Ejecutivo federal ampliará los datos sobre los expedientes vinculados a estas maniobras atípicas en el sistema de seguridad social.
Restricciones operativas y límites al salario de cotización
Las nuevas disposiciones del régimen obligatorio anulan la contratación retroactiva y atan el tope de aportación al último sueldo registrado antes de la baja laboral.
El esquema de continuación voluntaria administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, frecuentemente empleado por exempleados que buscan preservar derechos o elevar el cálculo de su jubilación tras dejar el mercado laboral formal, experimenta modificaciones sustanciales bajo las directrices gubernamentales. Las nuevas reglas establecen que los futuros solicitantes quedarán sujetos a techos estrictos para definir el salario de cotización, el cual dependerá estrictamente del último monto registrado oficialmente ante el organismo antes de la interrupción de la relación laboral, de acuerdo con los lineamientos del reciente acuerdo oficial.
Asimismo, las solicitudes ingresadas surtirán efecto exclusivamente desde la fecha de presentación del trámite digital, eliminando por completo la posibilidad de efectuar contrataciones retroactivas para cubrir periodos pasados. Por otra parte, la normativa contempla una cláusula de salvaguarda para la población ya inscrita, permitiendo que mantengan vigentes las condiciones originales pactadas hasta el vencimiento de su periodo de aseguramiento vigente, momento en el cual deberán sujetarse de manera obligatoria al nuevo marco regulatorio si pretenden extender sus aportaciones voluntarias.