El gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero enfrenta un colapso de gobernabilidad. La Familia Michoacana impone cuotas, controla mercados y desplaza comunidades para explotar recursos, dejando a la población atrapada y aterrorizada por la pugna criminal.
El abandono de Guerrero: ingobernabilidad y terror criminal
A poco más de un año de la conclusión del primer gobierno de Morena en Guerrero, liderado por Evelyn Salgado Pineda, el estado se encuentra fracturado. En varias regiones, la ingobernabilidad prevalece debido al poder de organizaciones delictivas. Esta situación ha dejado a una parte significativa de la población en el abandono, atrapada y aterrorizada por la pugna criminal que azota la entidad. El desplazamiento forzado, las desapariciones, los asesinatos y las incursiones criminales en comunidades, ejidos y pueblos son síntomas palpables de la inoperancia de la autoridad en zonas críticas como la Montaña y Tierra Caliente guerrerenses.
Guajes de Ayala: la resistencia ante el acecho de la Familia Michoacana
En la sierra de Coyuca de Catalán, los ejidatarios de Guajes de Ayala mantienen una guardia constante frente al acecho del cártel La Familia Michoacana. Esta organización criminal, según testimonios de ejidatarios a Proceso que pidieron mantener el anonimato, busca desplazar a los habitantes. El objetivo es apoderarse de la estratégica ruta que conecta la sierra con Tierra Caliente y la Costa Grande, además de explotar recursos naturales como madera, oro y uranio. La Familia Michoacana también pretende instalar laboratorios clandestinos para la producción de fentanilo. En la zona, las escuelas permanecen cerradas, y el único centro de salud no funciona desde hace cuatro años.
La población de Coyuca de Catalán ha defendido sus bosques desde los años cuarenta. Se ha enfrentado históricamente a brazos armados del gobierno y empresarios, policías, militares, paramilitares y, más recientemente, a grupos criminales sofisticados, presuntos integrantes de cárteles de la droga. El costo de esta resistencia incluye desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, desapariciones y ejecuciones para cientos de pobladores. Guajes de Ayala, un núcleo agrario compuesto por siete comunidades marginadas, ha mantenido su autosuficiencia económica y alimentaria. Sin embargo, ahora enfrenta un nuevo intento de despojo de sus tierras por una avanzada criminal. Ante la falta de seguridad, los habitantes han optado por tomar las armas, lo que ha alterado profundamente su vida agrícola y cotidiana.
Costos del desplazamiento: salud y educación en crisis por la violencia
El acceso a servicios básicos se ha deteriorado gravemente en las comunidades afectadas. El Centro de Salud de El Pescado, el único en el ejido, quedó inoperante a principios de 2021, cuando el único enfermero que atendía huyó tras la expulsión de delincuentes que iniciaban la explotación ilegal de madera. Actualmente, solo una ambulancia en desuso está disponible. Ante una urgencia médica, los vecinos deben recorrer siete horas para recibir atención en el municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande. El acceso a su cabecera municipal está bloqueado por sicarios. Una familia desembolsa al menos cinco mil pesos para cubrir los gastos de traslado, alimentos, atención médica y medicinas. La educación también sufre: las tres escuelas primarias de Guajes de Ayala, ubicadas en Hacienda de Dolores, Los Órganos y El Pescado, vieron partir a sus maestros a mediados de octubre de 2025 tras un enfrentamiento entre delincuentes y autodefensas. Las autoridades no garantizaron la seguridad necesaria.
Raíces profundas: la estrategia de contrainsurgencia y el crimen organizado
Manuel Olivares Hernández, exdirector del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, interpreta el desplazamiento en la región como parte de una estrategia de contrainsurgencia a largo plazo. Guerrero, un estado con el mayor número de bases militares en el país, alberga importantes despliegues. La IX Región Militar coordina la 27 Zona Militar, con seis batallones de infantería distribuidos en el puerto de Acapulco y las dos costas (Cruz Grande, Cumbres de Llano Largo, Pie de la Cuesta, El Ticui, Petatlán y Zacatula), y la 35 Zona Militar, con batallones en Iguala, Ciudad Altamirano, Teloloapan, Chilpancingo y Tlapa de Comonfort.
La reconfiguración militar: cuando los grupos criminales ejecutan la contrainsurgencia
La presencia militar se estableció, según Olivares, después de la derrota militar de las luchas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en la década de los setenta. Olivares Hernández argumenta que el Ejército perdió prestigio al sembrar terror en Guerrero, lo que llevó a la delegación de su estrategia de contrainsurgencia. “Los militares ya no cometen desapariciones y ejecuciones porque los grupos de narcoparamilitares se convirtieron en brazos ejecutores”, afirmó, señalando un cambio en la dinámica de control y violencia en el estado.
