La comunidad maya de Pisté denuncia al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por un “desplazamiento forzado” en Chichén Itzá, vinculado a la operación del Tren Maya y la reubicación al Centro de Atención a Visitantes (CATVI), confrontando acciones unilaterales.
Las acciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chichén Itzá, relacionadas con la construcción del Tren Maya y el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), generaron una confrontación con el pueblo maya de Pisté. Erick Ceh, integrante del Concejo de Gobierno Indígena de Pisté, ha comparado estas imposiciones con una “nueva conquista”, señalando una percepción de que “es tu propia casa y territorio y te vienen a imponer lo que creen que es correcto para ti”. Estas afirmaciones surgen tras 15 días de cierre de Chichén Itzá, que reabrió al turismo el 1 de junio, resultado de la resistencia de la comunidad maya. La comunidad logró que el INAH aceptara que los propios mayas se hicieran cargo de la reorganización del Corredor Económico Comunitario, área que alberga a artesanos, vendedores y guías de turistas, quienes inicialmente serían reubicados al CATVI. Un integrante del Concejo de la comunidad maya confirmó la reapertura para el trabajo sin la firma de ningún documento.
Acusaciones de colonización contra el gobierno federal
Habitantes de Pisté acusan al gobierno federal de la Cuarta Transformación de perpetrar “una nueva forma de colonización” en Chichén Itzá. El 18 de mayo, personal del INAH cerró la zona arqueológica mediante la colocación de vallas, aprovechando que un grupo de artesanos, vendedores, guías de turistas comunitarios y ejidatarios, miembros del Concejo de Gobierno Indígena de Pisté, participaba en una mesa de diálogo. Esta acción fue calificada como una táctica para “asfixiar” a los pueblos originarios. Inicialmente, la institución federal argumentó que las acciones eran por trabajos de mantenimiento. Wilberth Serrano, otro integrante del Concejo, lamentó la situación, declarando: “Los mayas nos sentimos traicionados, esto es una nueva forma de colonización”. Joel Omar Vázquez Herrera, director del INAH, reconoció en una rueda de prensa que el sitio fue cerrado al turismo por decisión institucional, a pesar de las pérdidas económicas. Explicó que el cierre fue para “resguardar el sitio arqueológico” y propiciar un “proceso de diálogo con la comunidad, artesanas y artesanos, para llegar a acuerdos y lograr un consenso para la operación del sitio”. No obstante, Vázquez Herrera también afirmó que, aunque reconoce al Concejo de Gobierno Indígena de Pisté y se sienta a dialogar con sus integrantes, estos no representan a la totalidad de la comunidad, una declaración que contrasta con la participación de más de dos mil personas de dicha agrupación en una caravana para solicitar la reapertura.
Estrategia jurídica ante violaciones de derechos
La confrontación con el INAH llevó al pueblo maya a articular una estrategia jurídica. El 26 de mayo, la comunidad interpuso un amparo (el 1219/2026) para la defensa de su territorio. La demanda reclama violaciones a sus derechos, incluyendo la falta de consulta a la comunidad maya de Pisté en la implementación del reordenamiento económico (el CATVI) y la violación al derecho al trabajo digno. Integrantes de la comunidad indígena han señalado que la reapertura de Chichén Itzá no detendrá este juicio de amparo, iniciado para mantener operativo el parador turístico original, que ha sido su epicentro económico por más de 30 años, a pesar de que el CATVI funcione temporalmente como única entrada.
Chichén Itzá: eje económico y patrimonio global
Chichén Itzá, que significa “en la boca del pozo de los itzáes”, es una de las zonas arqueológicas mayas más relevantes de México y la más visitada por el turismo. En 2025, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, reportó que, de enero a mayo de ese año, los sitios arqueológicos nacionales recibieron 4.5 millones de visitantes, de los cuales 981 mil correspondieron a Chichén Itzá. Este centro ceremonial, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1988, es mundialmente reconocido por sus dos equinoccios, especialmente el de primavera, donde un fenómeno de luz y sombra simula el descenso del dios Kukulkán por las escalinatas de la pirámide principal. Históricamente, los mayas de esta región han sido identificados como un pueblo guerrero y rebelde ante la conquista española.
El parador turístico original, que funcionó como acceso principal a Chichén Itzá hasta hace semanas, fue inaugurado en 1987. Su construcción hace 39 años respondió a la necesidad de evitar que la población maya migrara a Cancún, donde el turismo comenzaba a concentrarse. Esta obra fue bien recibida, permitiendo a la comunidad desarrollar su vida económica, rutinas y cohesión social alrededor del sitio, comercializando artesanías y compartiendo sus conocimientos. A partir de 2018, con el inicio del Tren Maya y el anuncio de los CATVI en zonas arqueológicas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) notificó sobre la construcción de uno cerca de Chichén Itzá, sin realizar una consulta previa o solicitar la aprobación de la comunidad. Para los mayas de Pisté, esta situación evoca la historia de la conquista y colonización, con acciones del INAH que, bajo el argumento de “lo que es mejor para ellos”, buscan desalojarlos de su territorio.
El cierre como presión económica y “voluntad estrangulada”
Una de las estrategias percibidas como más “asfixiantes” ha sido el cierre intermitente de los accesos a Chichén Itzá, lo que interrumpe los ingresos de artesanos, vendedores y guías de turistas que dependen del día a día. Wilberth Serrano destacó que no se trata solo del cierre del parador turístico, sino de un lugar con “identidad propia” que “le pertenece al pueblo de Pisté, es el epicentro y la arteria que lo mueve económicamente”. La comunidad de Pisté no se opone completamente al CATVI, pero su objeción reside en que el INAH prometió un plan de transición gradual que respetaría la autodeterminación del pueblo maya sobre el traslado. Erick Ceh expresó su indignación, calificando el cierre del flujo económico como una “forma de presionar a la comunidad” para evaluar “cuánto vamos a resistir”, ya que “muchos viven al día”. Añadió que el INAH tiene presupuesto para estas acciones, mientras que para la comunidad representa una “afectación directa y total”, describiendo estas tácticas como un intento de “estrangular la voluntad del pueblo hasta que cedan”.
El parador turístico original, inhabilitado por el INAH para dirigir el flujo turístico al CATVI, está bajo el control del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). Esta dependencia estatal ha mediado en mesas de negociación entre la comunidad maya y el gobierno federal, con la participación del secretario general de Gobierno de Yucatán, Omar Pérez, y el titular de Cultur, David Escalante Lombard. Wilberth Serrano reiteró que la comunidad no se opone por completo al CATVI, pero rechaza la coerción: “no forzando las cosas y no queriendo someter al maya a aceptar cosas”. Sugirió que el proyecto debería socializarse mediante mesas de negociación, cuestionando el uso de la fuerza y el cierre abrupto del parador turístico, acciones que, según él, hacen que el maya se sienta “traicionado”, como si le “arrancaras el brazo”.
Alegatos de racismo y negación de la autonomía indígena
La decisión del gobierno federal de instalar vallas metálicas y cerrar el acceso original durante una mesa de diálogo intensificó la tensión en Pisté. A partir de la noche del 18 de mayo, el pueblo maya inició una resistencia con guardias en Chichén Itzá y el CATVI, sin prohibir el acceso, e incluso permitiendo el ingreso gratuito a los turistas ese día. A pesar de calificar al INAH de “traidor”, la comunidad reiteró su disposición al diálogo, aunque establecieron condiciones que el gobierno federal no reconoció. Entre estas condiciones figuraba mantener abierto el parador turístico original.
La respuesta de Anna Goycoolea Artís, coordinadora nacional de Centros INAH, fue concluyente: no cerrarían el acceso, pero sí las taquillas, consolidando el CATVI como el único punto de entrada turístico. Sus palabras fueron: “Nosotros no tenemos facultad de cerrar el parador, pero sí la taquilla; la taquilla va a ser, como ya se los hemos dicho muchas veces, una sola taquilla, un solo acceso por el CATVI. ¿Ustedes quieren que se les diga así declaro?”. Estas declaraciones fueron consideradas racistas y discriminatorias por la comunidad. Álvaro Mena, asesor legal del Concejo, manifestó que el discurso de Goycoolea Artís presenta un “carácter racista”, con una “actitud de tutelaje desde el Estado, como si la comunidad fuera menor de edad y no pudiera decidir sobre su desarrollo y territorio”.
Se enfatizó que Goycoolea Artís se niega a reconocer al Concejo de Gobierno Indígena de Pisté, el cual se constituyó en abril mediante votación en asamblea comunitaria. La organización del Concejo surgió como respuesta a la presión del INAH para expulsar a los mayas de la zona arqueológica de Chichén Itzá, una situación que, aunque tolerada por más de 20 años, se agudizó con la operación del Tren Maya. Erick Ceh recalcó la historia de lucha de la región, desde la Guerra de Castas, y afirmó: “Pisté siempre ha estado en lucha. Nos organizamos en un Consejo Indígena y eso no significa que estemos peleados con el Estado y la Federación, pero pedimos que respeten los derechos de los pueblos indígenas en su organización”.
Controversia por mediación y amenazas de fuerza militar
Una de las solicitudes del Concejo indígena fue la exclusión de Diego Prieto, exdirector del INAH y actual titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII), de las mesas de diálogo. Prieto es acusado de intentar fracturar a la comunidad, pues fue el encargado de operar el proyecto de los CATVI. La comunidad denunció que financió un presunto “grupo de choque” de otros artesanos y vendedores mayas para que aceptaran reubicarse, ofreciendo apoyo a través de las “Tandas del Bienestar” y, supuestamente, sosteniendo a locatarios con 10 mil pesos mensuales para su traslado. Erick Ceh lamentó el “doble juego del INAH” y la “mala decisión” de nombrar a Prieto como mediador, describiéndolo como alguien que “no quiere negociar, quiere imponer sus ideas y métodos”.
Vázquez Herrera defendió a su exhomólogo: “Categóricamente lo negamos, por supuesto (…) el antropólogo Diego Prieto es un servidor público con mucha experiencia, estuvo acá con ustedes durante años, trabajando arduamente con los procesos relacionados al desarrollo del Tren Maya (…) en ningún momento creo que tenga la intención de dividir y separar a la comunidad, tenemos un encargo muy específico. La señora presidenta nos encargó que nos acercáramos a las comunidades para lograr acuerdos”.
Paralelamente a la resistencia económica, la comunidad de Pisté expresa un gran temor a la intervención de las Fuerzas Armadas. A pesar de las exigencias a la federación para abstenerse de criminalizar su lucha, se denuncian actos recurrentes de intimidación mediante la presencia constante de la Guardia Nacional y la policía estatal en los accesos del pueblo. El secretario de gobierno de Yucatán, Omar Pérez, sostuvo que el plan de transición al mercado de artesanías del CATVI lleva meses en curso, descartando un desalojo. Pérez afirmó: “No va a existir un desalojo, hay un documento firmado por el INAH donde se compromete el INAH a esto.” Reconoció que los artesanos en el parador antiguo y la recta a la pirámide “van a sufrir una disminución en sus ventas porque el acceso único es por el CATVI”, proponiendo una “reubicación con una ubicación privilegiada” dentro del mismo sitio, en la entrada principal del CATVI. Sin embargo, la comunidad indígena reafirma que el juicio de amparo continúa en pie para preservar el parador turístico original, su centro económico durante más de 30 años, a pesar de que el CATVI sea la entrada única por ahora.
