Autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones el 20 de mayo de 2026 a más de una docena de personas, un restaurante en Chihuahua y una empresa de seguridad, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y actividades de tráfico de fentanilo y lavado de dinero.
Operación federal revela nexos financieros con cártel en Chihuahua
Este miércoles 20 de mayo de 2026, las autoridades de Estados Unidos de América (EUA) designaron a un grupo de individuos y entidades corporativas por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acción responde a una investigación sobre actividades de tráfico de fentanilo y lavado de dinero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el presunto líder de una red dedicada al lavado de dinero. Esta estructura canalizaba fondos provenientes del fentanilo y otras operaciones de narcotráfico directamente para el Cártel de Sinaloa.
Asimismo, Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, fue sancionado. Este fugitivo está acusado de participar activamente en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar capitales ilícitos para la organización criminal. Desde el año 2024, el Departamento de Estado ha establecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Las sanciones aplicadas prohíben que los individuos y entidades designadas mantengan cualquier tipo de vínculo con el sistema bancario de Estados Unidos. Adicionalmente, se les impide operar o trabajar con ciudadanos estadounidenses, así como poseer activos dentro del territorio de EUA.
Entidades clave: el alcance de las medidas impacta a negocios
La intervención estadounidense no se limitó a individuos. El restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, fue incluido en la lista de entidades sancionadas. Este establecimiento es propiedad de Alfredo Orozco Romero, empresario también designado por las autoridades.
Orozco Romero, además, controla la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, la cual también fue objeto de las sanciones. Estas medidas subrayan la amplitud de la operación, que abarca desde la cadena de lavado de dinero hasta la infraestructura empresarial que, presuntamente, sirve de fachada o apoyo a las actividades ilícitas.
Entre los 12 individuos señalados directamente por el Tesoro estadounidense figuran Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Castulo Bojórquez Chaparro, Noé de Jesús Castro Rocha, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Liliana Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno y Baltazar Sáenz Aguilar. A ellos se suman los ya identificados Armando de Jesús Ojeda Avilés, Alfredo Orozco Romero y el fugitivo Jesús González Peñuelas. Las dos entidades corporativas sancionadas son el restaurante Gorditas Chiwas y la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV.
México activa estrategia de blindaje financiero y antinarcóticos
En respuesta a estas designaciones, la Secretaría de Hacienda de México ofreció detalles sobre la coordinación binacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros identificó a 14 sujetos —12 personas físicas y 2 personas morales— por sus supuestos lazos con dos redes criminales vinculadas al Cártel del Pacífico. Estas redes están asociadas con el tráfico de drogas y operaciones de lavado de dinero.
Una de las redes se dedicaba al blanqueo de capitales derivados de la venta de fentanilo. Utilizaba criptomonedas como medio para sus transacciones ilícitas. Operadores financieros y estructuras empresariales fueron identificados por su presunto papel en la ocultación y dispersión de recursos ilícitos a través de activos virtuales y diversas operaciones comerciales.
El segundo esquema detectado integra a sujetos presuntamente involucrados en el tráfico internacional de estupefacientes y el lavado de activos. Esta red también se relacionaba con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México, así como con el uso estratégico de empresas para la dispersión y ocultamiento de fondos de origen ilícito.
Ante este panorama, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha realizado un análisis exhaustivo. Este examen fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados busca identificar posibles redes adicionales conectadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita. La UIF se prepara para implementar las medidas legales correspondientes una vez concluyan sus investigaciones.
