Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se declaró no culpable en una corte federal de Nueva York de cargos que incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento bélico.
El desarrollo del proceso judicial contra el exsecretario
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, enfrentará una nueva comparecencia el 1 de junio ante un tribunal federal de Nueva York. Esta citación sigue a su detención el 11 de mayo en Arizona, Estados Unidos, y su posterior presentación ante el tribunal neoyorquino el 15 de mayo. El proceso judicial contra Mérida Sánchez se inserta en un contexto más amplio donde el gobierno estadounidense imputó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa. La Corte para el Distrito Sur de Nueva York, según un formulario de audiencia del 18 de mayo, ha establecido esta nueva vista, manteniendo suspendido el reloj para un juicio rápido durante este periodo de dos semanas.
La imputación federal: cargos y potenciales condenas
Durante su primera vista judicial, Mérida Sánchez se declaró no culpable ante las acusaciones presentadas en su contra. Los cargos específicos incluyen:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
En caso de ser hallado culpable por la justicia de Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se enfrentaría a una sentencia máxima de cadena perpetua. La legislación también establece una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión para estos delitos. Antes de estos acontecimientos, Mérida Sánchez poseía una destacada trayectoria en seguridad pública y defensa nacional. Asumió el cargo de secretario de Seguridad de Sinaloa en septiembre de 2023, y presentó su renuncia en 2024.
La red de funcionarios sinaloenses vinculados al cártel
La acusación federal describe la participación de cada imputado en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico. El esquema buscaba facilitar la importación de grandes volúmenes de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos, en colaboración directa con el Cártel de Sinaloa. A continuación, se detallan los otros funcionarios implicados y los cargos que enfrentan:
Rubén Rocha Moya: gobernador con licencia de Sinaloa. Enfrenta cargos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La condena potencial máxima es cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Enrique Inzunza Cazarez: senador y exsecretario general de Sinaloa. Acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La condena potencial máxima es cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Se le imputa conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La condena potencial máxima es cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Damaso Castro Zaavedra: fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La condena potencial máxima es cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Marco Antonio Almanza Avilés: exjefe de la policía de Investigación de Sinaloa. Acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La condena potencial máxima es cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’: exjefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa. Enfrenta cargos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La condena potencial máxima es cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’: exsubdirector de la policía municipal de Culiacán. Imputado por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La condena potencial máxima es cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: alcalde de Culiacán. Se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La condena potencial máxima es cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’: excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán. Sus cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Adicionalmente, enfrenta acusaciones de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte, lo que, en caso de ser declarado culpable, conllevaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
Vínculos con la facción de los ‘chapitos’
Las acusaciones detallan que los imputados han mantenido estrechos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, colectivamente denominados los ‘Chapitos’. Estos funcionarios, operando en diversos niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, habrían abusado de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar de manera activa las operaciones ilícitas de esta facción.
