En Los Cabos, la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa ejerce un control total sobre el sector turístico y el suministro de agua, mediante extorsión millonaria. Hoteleros y prestadores de servicios denuncian la complicidad gubernamental que ha transformado la región en una fuente de financiamiento criminal.
La llegada silenciosa del control criminal a Los Cabos
Hace aproximadamente cinco años y medio, un grupo vinculado a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa arribó a Los Cabos desde Mazatlán. Inicialmente, su operación se centró en el control y la extorsión en el sector de los tiempos compartidos. Esta incursión marcó el inicio de una expansión que, según empresarios locales, ha culminado en el acaparamiento total de diversos servicios, incluyendo la distribución de agua en el municipio. La situación ha llevado a prestadores de servicios turísticos a afirmar: “Ya no hay negocio para nosotros, trabajamos para ellos”.
El centro turístico de Los Cabos, descrito como un punto crucial para el Cártel de Sinaloa, se ha consolidado como una fuente de ingresos millonarios. Un empresario, bajo condición de anonimato, indicó a Proceso que giros negros, tiempos compartidos, prostitución y la distribución de agua contribuyen a estas ganancias. Autoridades federales, estatales y municipales han reconocido la posibilidad de esta realidad.
El entramado de extorsión que financia la “guerra” del cártel
La estrategia del cártel incluye la imposición de precios a los turistas y la exigencia de porcentajes de las tarifas, con un monitoreo constante de las actividades empresariales mediante una red de informantes, conocidos como “halcones”. Los hoteleros y prestadores de servicios enfrentan una directriz innegociable: “alinearse” con el cártel. El incumplimiento se castiga con “una levantada, una tableada y ya no hay segunda vez”. La justificación del crimen organizado es clara: “la guerra del Cártel de Sinaloa necesita ser financiada”.
Los emprendedores son ahora obligados a financiar al grupo criminal, que genera entre “siete y diez millones de dólares mensuales, tranquilamente”, solo por el control de los tiempos compartidos. Un ejemplo reportado indica que una operación de tiempos compartidos de tamaño mediano debe entregar cerca de 400 mil dólares al mes. La falta de pago puntual acarrea intereses adicionales y amenazas directas a las familias de los empresarios.
La desconfianza en las instituciones es profunda. Los empresarios extorsionados no interponen denuncias, ni a nivel estatal ni federal, debido a la percepción de infiltración en todos los niveles gubernamentales. Una queja, aseguran, puede tener consecuencias fatales. Además, el cártel simula negocios para cometer fraudes directos a turistas, obteniendo hasta 200 mil dólares por cada víctima.
El control líquido: cómo el agua se volvió un negocio criminal
La intervención del crimen organizado se extiende al suministro de agua, exacerbada por la presunta complicidad del gobierno municipal, en manos del Partido del Trabajo. Empresarios denuncian que se les obliga a pagar sobornos a las autoridades para obtener servicios básicos como el agua, vital para cualquier desarrollo. El ayuntamiento supuestamente exige millones a desarrolladores turísticos con la promesa de garantizar el tandeo de agua, pero el recurso no se materializa en las tomas domiciliarias.
Ante la escasez de agua en la red, surge el negocio de las pipas. Se estima que una pipa tiene un costo de tres mil 500 pesos y que se registran al menos 100 pipas al día. Estas operaciones, realizadas en efectivo, no pagan impuestos. El agua se obtiene, presuntamente, de la destinada a agricultores. El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS) ha sido señalado como partícipe en este esquema, beneficiando al crimen organizado.
La llegada de hoteles de renombre detona una directriz específica: “planifiquen cómo los van a desangrar”, con especial énfasis en el control del agua. Julio Villarreal, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California Sur, explica que, aunque el derecho humano al acceso al recurso debe garantizarse, el agua escasea en la red, aunque sí está disponible para el reparto en pipas con un costo adicional. Los Cabos y La Paz, que concentran el 82% de la población y la economía del estado, sufren los mayores problemas de suministro, no por falta de recurso total, sino por ineficiencia en los organismos locales de distribución. La cantidad de agua disponible debería ser suficiente para la población de Los Cabos y San José del Cabo, que suman 400 mil personas y deberían recibir 200 litros por persona al día.
Colapso hídrico y seguridad: la voz ahogada de la ciudadanía
La segunda regidora de Morena en el ayuntamiento de Los Cabos, Petra Juárez, ha expresado su preocupación por el incremento de la inseguridad, específicamente los secuestros, reportado por diversas familias. La percepción ciudadana es de una pérdida de control en la seguridad pública.
El problema del agua también es central en las quejas ciudadanas. Los habitantes cuestionan cómo es posible que no haya agua por la llave, pero sí esté disponible mediante la compra de pipas. La frecuencia de suministro ha disminuido drásticamente; de cada 15 días, ahora el agua llega cada dos meses. La regidora Juárez afirma que el gobierno municipal está “coludido” en esta situación, con funcionarios que poseen sus propios negocios de pipas. Conagua calcula que aproximadamente cinco mil personas solo en Cabo San Lucas carecen de una red de suministro, y aun con ella, la disponibilidad no está garantizada.
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