La red de empresas vinculadas a los hijos y socios del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya es investigada por la UIF y la justicia de EE. UU. por contratos públicos, licitaciones a modo y presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos.
Entramado financiero bajo escrutinio internacional y nacional
La extensa red de compañías, encabezada por Rubén, José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, enfrenta una investigación profunda del gobierno de Estados Unidos. Esta acción ha impulsado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a examinar las empresas familiares y a ordenar el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de Rocha Ruiz y sus nueve coacusados en el sistema financiero mexicano. La UIF clarificó el 18 de mayo último que estas medidas no representan una determinación definitiva.
El despliegue de este entramado financiero se consolidó con Rocha Moya en puestos clave del estado, permitiendo a un grupo cercano controlar la burocracia y generar negocios al amparo del poder. El gobierno estatal contrató compañías creadas por socios de sus hijos y de su yerno, organizando licitaciones a modo que desviaron parte de los recursos hacia empresas de los descendientes del mandatario.
Vínculos directos: socios estratégicos y cargos públicos
La estructura financiera del círculo de Rocha Moya revela conexiones críticas entre empresarios y funcionarios públicos, apuntalando una red de influencia y contratación.
- José Carlos Cárdenas Mellado: Socio en empresas de los Rocha Ruiz como Constructora Chocosa, Stare It Services, Construcciones Suaqui, Grupo Rofcar, A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte y Chocosa Ranch. En 2024, fue nombrado director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES). La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo identificó como enlace de Rocha Moya con Los Chapitos.
- Luis Manuel Mercado Rosales: Ocupa el cargo de presidente suplente del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM). El gobierno de Sinaloa asignó 198 millones de pesos a JUMAPAM en los primeros cinco meses de 2026, según una revisión de contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Cabe señalar la ausencia de contratos de obras y servicios para 2025 en la PNT.
- Francisco Javier Barrón Sandoval: Socio en la constructora Chocosa con los hermanos Rocha. Sus hijos han ocupado posiciones en la administración estatal de Sinaloa durante la gestión de Rocha.
- Francisco Javier Barrón Aguayo: Hijo de Barrón Sandoval, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable en febrero pasado. En Grupo del Siaric 2019, una empresa de comercialización de sal, era socio de Juan de Dios Gámez Mendívil.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Ahijado de Rubén Rocha Moya y presidente municipal de Culiacán con licencia. Está acusado por la justicia de Estados Unidos de trabajar para Los Chapitos.
- Jorge Miguel Morales Donada: Tercer socio de Grupo del Siaric 2019 y hermano de María del Carmen Morales Donada, actual secretaria de Obras y Servicios Públicos de Culiacán.
- Eduardo Aguirre Medina: Director administrativo de los servicios de Salud del Estado. Esta institución, junto con el DIF, otorgó contratos a la red de compañías y socios de los hijos de Rocha Moya. Aguirre Medina tiene una trayectoria política que inició en la militancia de izquierdas en los setenta, pasó por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y creció en el PRD a finales de los noventa, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Control de infraestructura y enlaces criminales
Reportajes periodísticos recientes han expuesto cómo el control de entidades estratégicas fue entregado a operadores clave, reforzando la presunta conexión con grupos criminales.
- Un reportaje de N+ del 6 de mayo último reveló que el gobierno de Rubén Rocha entregó el control de la JUMAPAM y las juntas municipales de agua potable de Culiacán y Guamúchil a operadores de Los Chapitos.
- Estas operaciones se producen en un contexto donde Enrique Inzunza Cázarez, coacusado con Rocha en Estados Unidos, tiene a Omar López Campos como su suplente en el Senado, el mismo López Campos que dirigía la dependencia donde Barrón Aguayo fue subsecretario.
Alerta pública y omisión gubernamental ante las denuncias
Los señalamientos sobre las redes de empresas en Sinaloa no son recientes ni desconocidos. A pesar de múltiples denuncias periodísticas y políticas, el gobierno federal y el oficialismo han mantenido una postura de omisión durante años.
- En noviembre de 2020, Julio Cahue Heras, político de Redes Sociales Progresistas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Acusó a Rubén Rocha Moya, entonces senador de Morena, de tráfico de influencias por la asignación de contratos públicos por 64 millones 660 mil pesos a la constructora Chocosa. Esto ocurrió durante los gobiernos priistas de Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, de quienes Rocha fue asesor.
- Periodistas de Sinaloa, incluyendo Aarón Ibarra (Proceso), Marcos Vizcarra, Sibely Cañedo, Adrián López y el equipo de Ríodoce, han documentado otros casos de asignaciones irregulares de recursos públicos a las empresas de esta red. Sin embargo, estas revelaciones fueron ignoradas por el gobierno federal y el oficialismo durante cinco años.
- También se ignoraron las denuncias sobre la participación de hombres armados para beneficiar a Rocha Moya en las elecciones de 2021 y sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda durante el secuestro de Ismael el Mayo Zambada en julio de 2024.
- El año pasado, el medio Xpectro publicó una investigación periodística exhaustiva, basada en documentos de Estados Unidos y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta investigación detalló una vasta simulación en el otorgamiento de contratos de obra pública en Sinaloa.
- Se identificó un grupo de 23 empresas que se repartieron las contrataciones mediante ofertas similares, a veces con diferencias de centavos, entregando obras de baja calidad. Un ejemplo es el puente El Quelite, adjudicado a Grobson, una de las empresas de la red, que colapsó tres semanas antes de su inauguración.
- La investigación también señaló asignaciones irregulares desde el DIF, dirigido por Eneyda Rocha Ruiz, la hija del entonces gobernador, que otorgó contratos por cientos de millones de pesos.
