La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó la posibilidad de que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, formalice una candidatura presidencial debido a su condición de prófugo y su residencia fuera del país.
El factor de la residencia y el estatus legal
La titular del Ejecutivo federal señaló las complicaciones logísticas y legales que supone lanzar una postulación desde el extranjero, enfatizando que el exmandatario tamaulipeco mantiene una orden de aprehensión vigente.
- Cuestionamiento presidencial: Sheinbaum Pardo calificó como “muy difícil” que una figura política pueda sostener una campaña electoral efectiva operando desde otro territorio nacional.
- Situación legal: El exgobernador enfrenta acusaciones judiciales y cuenta con doble nacionalidad, lo cual, según la mandataria, añade una barrera de facto para el ejercicio de una candidatura a la jefatura del Estado mexicano.
Interpretación jurídica sobre el registro electoral
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, analizó el alcance de los derechos políticos frente a procesos judiciales pendientes.
- Precedentes de la corte: Zaldívar subrayó que, conforme a criterios jurisprudenciales recientes, la existencia de una orden de aprehensión no constituye un impedimento automático para el registro de una candidatura.
- Evolución del criterio: El funcionario recordó que la Suprema Corte ha determinado que incluso personas procesadas conservan el derecho al voto, un principio que se ha extendido progresivamente hacia los centros de reclusión.
- Riesgo de persecución política: El coordinador argumentó que impedir el registro por una orden judicial podría derivar en abusos para eliminar adversarios de la contienda, por lo que el sistema judicial ha optado por un enfoque garantista.
El papel del tribunal electoral y los riesgos de la prisión preventiva
La viabilidad de la candidatura dependería de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante posibles cambios en la situación jurídica del exgobernador.
- La frontera de la vinculación: Si en el transcurso del proceso se dictara una medida cautelar de prisión preventiva, el aspirante quedaría inhabilitado de facto para participar en la contienda y, eventualmente, para ejercer el cargo.
- La postura del tribunal: Según la opinión técnica de Zaldívar, el tribunal se inclinaría por proteger la competitividad democrática permitiendo la participación, salvo que exista una restricción física que imposibilite la actividad proselitista y la asunción del mandato.
