La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ha instado a funcionarios de Sinaloa a “dar la cara” ante la investigación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 29 de abril de 2026 señaló a 10 políticos por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa.
La voz del legislativo: un emplazamiento directo a los señalados
El llamado de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, resuena con una exigencia clara a los funcionarios de Sinaloa implicados en la reciente investigación de Estados Unidos. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora, miembro de la bancada del PAN, emplazó a los servidores públicos a “no esconderse” y a “dar la cara al pueblo de México” frente a las acusaciones que pesan sobre ellos.
La postura de la legisladora enfatiza que la evasión o el silencio cómplice, observados en los días recientes, proyectan una imagen de culpabilidad frente a los serios señalamientos internacionales. Este pronunciamiento subraya la presión creciente desde el ámbito legislativo mexicano ante un proceso que afecta directamente la credibilidad y gobernabilidad del estado de Sinaloa.
El alcance de la investigación de Estados Unidos: nombres y cargos implicados
El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó el 29 de abril de 2026, la existencia de una investigación activa contra un grupo significativo de políticos y exfuncionarios del estado de Sinaloa. Este proceso abarca a 10 individuos clave, señalados por diversas imputaciones graves que van desde delitos relacionados con el narcotráfico y el uso y posesión de armas, hasta la protección directa al Cártel de Sinaloa.
La lista de personas bajo escrutinio incluye figuras prominentes y sus respectivos cargos al momento de los hechos o en la actualidad:
- Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, Senador de la República y exsecretario general de Gobierno.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “Cholo”, exdirector de la Policía de Investigación.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito, apodado “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, conocido como “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Esta amplia red de señalados por autoridades estadounidenses resalta la profundidad de la investigación y las posibles repercusiones políticas y legales que se anticipan, particularmente en torno a los delitos de narcotráfico y apoyo a estructuras criminales.
El eco político: demandas de juicio y bienes bajo el radar
La implicación de altos funcionarios de Sinaloa en investigaciones internacionales ha detonado una serie de reacciones dentro del espectro político nacional. El Partido Acción Nacional (PAN) ha elevado su voz, solicitando un juicio político contra Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa con licencia. De manera paralela, Ricardo Anaya ha urgido no solo la detención, sino también el procesamiento judicial de Rocha Moya y Enrique Inzunza.
No obstante, la situación también ha generado defensas. Víctor Castro ha manifestado su respaldo al gobernador Rocha Moya frente a las imputaciones provenientes de Estados Unidos, instando a “bajar dos rayitas” la intensidad de la confrontación mediática y política. Adicionalmente, se ha confirmado que los bienes de Rocha Moya y de otros funcionarios de Sinaloa se encuentran bajo la mira de Estados Unidos, un elemento que complejiza el escenario y podría derivar en acciones de embargo o congelamiento de activos si las acusaciones se consolidan.
