El Ejecutivo federal oficializó la transferencia de 5 millones de dólares recuperados del caso García Luna-Weinberg para fortalecer la infraestructura educativa en las zonas de alta marginación de la región de la Montaña en Guerrero.
Ejecución del presupuesto en zonas de alta marginación
La administración federal asignará los recursos recuperados a proyectos escolares específicos para atender el rezago social crónico en la zona montañosa del estado de Guerrero.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el monto, equivalente a aproximadamente 100 millones de pesos, tiene como destino exclusivo la atención de planteles educativos. El objetivo planteado por el Ejecutivo es canalizar los activos obtenidos mediante la vía judicial hacia el desarrollo social, contrastando esta política con los esquemas de irregularidad financiera detectados en sexenios previos.
Cronología del esquema de corrupción y litigio
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló un proceso de judicialización y recuperación que abarcó casi dos décadas de operaciones financieras complejas.
La evolución del caso se divide en las siguientes etapas clave:
- 2008-2018 (Configuración): Creación de un esquema mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) con contratos por 403 millones 937 mil 741 dólares.
- 2019-2021 (Denuncia): Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y demandas civiles en Florida.
- 2023 (Judicialización): Tramitación de órdenes de aprehensión contra 61 personas y ejecución de 17 detenciones relevantes.
- 2025 (Consolidación): Ampliación de la demanda civil en Florida con respaldo de asistencia jurídica internacional en países como España, Panamá, El Salvador y Estados Unidos.
- 2026 (Cierre): Obtención de sentencias definitivas por 578.5 millones de dólares totales en el tribunal de Florida.
Operativa financiera y desvío de activos
El análisis de inteligencia permitió desarticular una red que operó mediante triangulaciones internacionales y empresas fachada durante el periodo de gestión de Genaro García Luna.
El mecanismo de blanqueo de capitales involucró las siguientes estructuras y movimientos:
- Instituciones involucradas: OADPRS, Policía Federal, CISEN y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
- Volumen de contratos: 337 millones 200 mil pesos y 448 millones 845 mil 322.26 dólares adjudicados a empresas como Nunvav Inc., Security Consulting S.C. y Security Services S. de R.L. de C.V.
- Flujos internacionales: Transferencias superiores a 250 millones de pesos a jurisdicciones offshore y 304 millones de pesos a Barbados, con operaciones en países como Israel, Andorra, Letonia, China, Panamá y Curazao.
- Empresas fachada: Utilización de más de 16 entes comerciales para ocultar el origen de los fondos, destacando una empresa de traslado de valores que realizó servicios por 5 mil 276 millones 20 mil 103.52 pesos en 15 meses.
El saldo total de los recursos desviados identificados por la UIF asciende a 528 millones de pesos y 727 millones 923 mil 523.86 dólares.
Recuperación definitiva de activos
La sentencia favorable al Estado Mexicano permitió el ingreso de los primeros 5 millones de dólares a la Tesorería de la Federación el 25 de agosto de 2026.
La recuperación se concretó tras una demanda presentada en diciembre de 2019 ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida. Tras el reconocimiento legal del Estado Mexicano en 2023, la sentencia del 19 de mayo de 2026 derivó en la ejecución de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades vinculadas a la familia Weinberg. Las autoridades federales mantienen procesos pendientes para la liquidación de activos adicionales.
