La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el 18 de mayo de 2026, durante su conferencia matutina, la situación de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega. Ambos exfuncionarios de Sinaloa se entregaron a autoridades de Estados Unidos en el contexto de investigaciones que los vinculan presuntamente con el crimen organizado. Al respecto, la mandataria afirmó categóricamente que no percibe “ningún riesgo”, enfatizando que la entrega fue una “decisión de ellos” y que, por tanto, “no hay ningún riesgo, ninguno”.
La discusión sobre este caso se inició tras revelarse una investigación por parte de autoridades estadounidenses, la cual señaló a los exfuncionarios sinaloenses semanas antes de su entrega. En esta línea, Sheinbaum refirió las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la existencia de “gobiernos de narcos” en México. La presidenta manifestó su desacuerdo con dicha postura, reiterando que en el país “gobierna el pueblo”.
Revelación de investigaciones y entregas voluntarias
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una investigación formal el 29 de abril, dirigida contra diez funcionarios del estado de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya. Según datos proporcionados por el Gabinete de Seguridad de México, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, ingresó a territorio estadounidense el 11 de mayo. Su salida se registró desde Hermosillo, cruzando la Garita de Nogales en dirección a Arizona. La confirmación de su entrega a las autoridades de Estados Unidos se produjo el viernes 15 de mayo de 2026. Posteriormente, se confirmó que Enrique Díaz Vega, quien también integró la administración de Rubén Rocha Moya, se entregó de forma similar en Estados Unidos.
Propuesta mexicana para una colaboración de seguridad efectiva
La presidenta de México articuló la visión de su gobierno respecto a la contribución de Estados Unidos en la reducción de la violencia en el país. Sheinbaum enfatizó que la colaboración debería centrarse en acciones específicas. Estas incluyen la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la salud pública, la reducción del tráfico ilícito de armas hacia territorio mexicano y el combate frontal al lavado de dinero producto del narcotráfico.
