La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en 2026 un informe crítico, señalando la desaparición de personas en México como una profunda crisis humanitaria. El documento presenta 40 recomendaciones urgentes para fortalecer la prevención, la búsqueda y la justicia, abordando las causas y la impunidad persistente.
Cómo el informe CIDH revela una crisis humanitaria sin precedentes
Las desapariciones en México constituyen una “crisis humanitaria” y una grave crisis de derechos humanos, situación que se ha agudizado desde 2018. El informe de la CIDH, titulado “Desaparición de personas en México”, contabilizaba hasta junio de 2025 más de 128 mil personas desaparecidas. Conteo independientes, además, estiman la existencia de más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado. Este documento no solo expone la magnitud de la problemática, sino que también examina los esfuerzos de las familias de las víctimas y las acciones implementadas por el Estado mexicano para abordar este fenómeno.
Patrones de vulnerabilidad: identidades en riesgo frente a la desaparición
El organismo aborda el origen de las desapariciones y desapariciones forzadas en México, vinculándolas principalmente con el crimen organizado y la participación de autoridades estatales y actores gubernamentales. La desaparición de personas afecta de manera diferenciada a diversos sectores sociales debido a múltiples causas. Niñas, niños y adolescentes son impactados por el reclutamiento e involucramiento con grupos criminales. Mujeres y personas LGBTIQ+ sufren desapariciones por razones de género, mientras que personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan riesgos debido a las labores que desempeñan. Asimismo, los migrantes son víctimas recurrentes debido a la inseguridad prevalente en las rutas de tránsito.
La lucha incansable de las familias y la respuesta estatal fragmentada
El informe destaca que la prevención se mantiene como uno de los principales desafíos frente a las desapariciones en México. A pesar de que la CIDH reconoce la nueva estrategia de seguridad pública, aprobada en 2025, adopta una política de “atención a las causas”, persiste un alto nivel de impunidad en los casos de desaparición.
Los esfuerzos de las familias, como las madres buscadoras, se enfrentan a desafíos constantes. Ejemplos de esto incluyen la denuncia de retiro de fichas de búsqueda en menos de una hora tras haber sido pegadas en espacios públicos como el Estadio Banorte. Las familias también han expresado su frustración ante la falta de diálogo con autoridades, como una madre buscadora que reclamó a la jefa de gobierno tras un encuentro con el grupo musical BTS, señalando la inaccesibilidad de las autoridades para atender sus demandas directas.
Hoja de ruta urgente: 40 recomendaciones para una estrategia integral
Para enfrentar esta crisis, la CIDH emitió 40 recomendaciones específicas en su informe de 2026, dirigidas a fortalecer la prevención, la búsqueda, la identificación y la justicia en casos de desaparición:
- Fortalecer la estrategia de prevención con participación de colectivos y evaluar su eficacia.
- Sistematizar y difundir estudios sobre el involucramiento de funcionarios en desapariciones forzadas.
- Definir legalmente el alcance de la “aquiescencia” para atribuir responsabilidad al Estado en contextos de crimen organizado.
- Atender causas diferenciadas y de género en la prevención del reclutamiento forzado de menores.
- Implementar el Protocolo ALBA en todo el país sin tiempos de espera para niñas y mujeres.
- Realizar una campaña nacional para informar que la búsqueda de mujeres y niñas debe ser inmediata.
- Crear una estrategia integral para migrantes fortaleciendo el MAEBI y las mesas de búsqueda.
- Establecer un registro público y actualizado de migrantes privados de libertad en estaciones migratorias.
- Difundir resultados sobre la prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes.
- Ajustar el registro de personas desaparecidas para incluir identidad y orientación sexual de personas LGBTIQ+.
- Reconocer la situación jurídica de agentes estatales desaparecidos y apoyar a sus familias.
- Fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas.
- Erradicar la estigmatización de las familias mediante capacitación obligatoria al Ministerio Público.
- Publicar una guía oficial sobre mecanismos estatales de atención a la desaparición.
- Brindar asistencia federal a los estados para armonizar sus leyes con la Ley General.
- Crear fiscalías especializadas en desaparición en todas las entidades federativas.
- Elaborar planes de búsqueda con enfoque diferencial para periodistas, defensores y migrantes.
- Emitir lineamientos sobre encuadre penal y valoración de prueba indiciaria para mandos superiores.
- Implementar cursos obligatorios sobre desaparición para nuevas autoridades judiciales.
- Crear un protocolo de actuación inmediata tras hallazgos realizados por familias buscadoras.
- Integrar un grupo de trabajo con colectivos para analizar medidas extraordinarias en judicialización.
- Diseñar un protocolo nacional sobre análisis de contexto con enfoque territorial.
- Garantizar la asignación de escoltas capacitadas durante búsquedas en campo.
- Incluir a personas buscadoras en el sistema nacional de cuidados.
- Coordinar a las autoridades del Sistema Nacional de Búsqueda para el uso conjunto de herramientas.
- Evaluar la eficacia del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).
- Estandarizar registros estatales para asegurar interoperabilidad nacional.
- Garantizar la consulta a familias en estrategias de búsqueda masiva.
- Crear una norma nacional para centros de identificación humana con enfoque masivo.
- Establecer una norma nacional para el resguardo y trazabilidad de cuerpos bajo custodia estatal.
- Garantizar autonomía funcional y técnica para los servicios médicos forenses.
- Crear un protocolo nacional para la entrega digna de cuerpos respetando ritos y costumbres.
- Eliminar el condicionamiento de apoyos a la aceptación de terapias psicológicas.
- Simplificar criterios en la CEAV para acreditar la calidad de víctima.
- Difundir estándares legales para evitar requisitos extralegales en declaraciones de ausencia.
- Proteger y consultar iniciativas de memoria privadas y de familiares.
- Obligar a agencias de seguridad e inteligencia a entregar información histórica.
- Realizar una difusión digital masiva del informe final de la Comisión de la Verdad (CoVEH).
- Implementar un plan de seguimiento judicial tras el fin del mandato de la CoVEH.
- Crear un registro público de iniciativas ciudadanas de memoria.
