Manuel Santillán, representante legal de un paciente en Tamaulipas, denunció ante la Fiscalía General de Justicia una presunta mala praxis médica por la aplicación de pellets hormonales no regulados en un hospital privado, lo que generó un gasto superior a 50,000 pesos.
El quiebre legal contra la atención en hospitales privados
La Fiscalía General de Justicia integró una carpeta de investigación tras la denuncia formal contra una médica ginecóloga por presuntas irregularidades en la aplicación de implantes hormonales bajo un esquema privado.
El abogado Manuel Santillán presentó el 9 de julio de 2026 una queja formal ante la autoridad sanitaria correspondiente para auditar el desempeño de la profesionista señalada. La denuncia técnica establece que la médica involucrada, quien ejerce como ginecóloga, presuntamente se ostenta también como endocrinóloga sin que se haya acreditado dicha especialidad ante las instancias competentes. El proceso jurídico busca determinar si existió una usurpación de funciones o negligencia técnica que puso en riesgo la integridad del paciente.
La documentación entregada a las autoridades incluye un diagnóstico clínico detallado. Este registro médico comprueba que el afectado sufrió diversas alteraciones sistémicas tras el procedimiento, lo que motivó el inicio del protocolo de investigación ministerial para deslindar responsabilidades penales y administrativas.
Riesgos técnicos de los implantes sin regulación sanitaria
Los pellets hormonales, diseñados para liberar testosterona de forma gradual, carecen de validación por parte de las autoridades sanitarias competentes, lo que derivó en complicaciones clínicas severas para el paciente afectado.
El tratamiento cuestionado consiste en microimplantes subcutáneos que suministran hormonas, principalmente testosterona, durante un periodo de varios meses. La oferta comercial de estos dispositivos se centra en promesas de:
- Incremento de la vitalidad física y masa muscular.
- Estimulación del deseo sexual.
- Mitigación de síntomas relacionados con la menopausia o el envejecimiento prematuro.
No obstante, Santillán enfatizó que este procedimiento carece de los registros y autorizaciones de las autoridades sanitarias mencionadas en la querella. El conflicto escaló cuando, ante el deterioro de la salud del paciente, un médico endocrinólogo certificado recomendó la extracción inmediata de los dispositivos mediante una nueva intervención quirúrgica para detener el flujo hormonal no controlado.
Impacto financiero y clínico del tratamiento irregular
El paciente acumuló pérdidas superiores a 50,000 pesos entre consultas y procedimientos correctivos, mientras que la representación legal advierte sobre la existencia de más víctimas potenciales bajo el mismo esquema médico.
El perjuicio económico para el denunciante supera los 50,000 pesos, cifra que desglosa los siguientes conceptos:
- Consultas iniciales de valoración.
- Adquisición y colocación de los implantes hormonales.
- Compra de medicamentos para paliar efectos secundarios.
- Cirugía de extracción de emergencia por recomendación técnica.
Además del daño patrimonial, el paciente presenta un deterioro evidente en su estado físico. La defensa legal sostiene que existen otros ciudadanos que atravesaron experiencias clínicas similares en la misma institución privada, aunque no han formalizado sus testimonios ante el Ministerio Público. Santillán instó a las posibles víctimas a proceder legalmente para que las instancias competentes establezcan las sanciones necesarias contra quienes resulten responsables de estos procedimientos médicos sin regulación.
