Investigación de EE. UU. a gobernadores: Sheinbaum alerta injerencia

Explora la tensión diplomática por las acusaciones de EE. UU. contra gobernadores mexicanos y la postura de Sheinbaum. Análisis fáctico de la injerencia y las negaciones oficiales.

Investigación de EE. UU. a gobernadores: Sheinbaum alerta injerencia
Investigación de EE. UU. a gobernadores: Sheinbaum alerta injerencia

La presidenta de México acusa intereses estadounidenses de difamar y presionar tras informes de visas retiradas a gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos nexos con cárteles. Las administraciones niegan categóricamente las acusaciones, señalando una posible injerencia externa en asuntos nacionales.

Cómo el retiro de visas desató una condena presidencial

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó la existencia de intereses de grupos en Estados Unidos orientados a difamar a la Cuarta Transformación. Estas declaraciones surgieron el miércoles 3 de junio, luego de la publicación en el LA Times sobre la supuesta retirada de visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Sheinbaum cuestionó públicamente la intención detrás de la anulación de visas y su divulgación, sugiriendo una estrategia para alertar a los ciudadanos mexicanos sobre posibles restricciones migratorias.

Sheinbaum instó a los militantes de la Cuarta Transformación a mantener la calma, siempre y cuando su labor esté enfocada en el bienestar del pueblo de México, y afirmó que existe “todo el derecho al menos de la duda” sobre las motivaciones de estas acciones. Anteriormente, durante su informe del domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, la presidenta ya había señalado que grupos de ultraderecha en Estados Unidos buscarían influir en las elecciones intermedias de 2027. Recriminó cualquier intento de injerencia, enfatizando que cuando un país externo dicta culpabilidades, presiona a las instituciones o interviene en asuntos exclusivamente mexicanos, se transita de la cooperación a la injerencia.

La trama del LA Times y las acusaciones de la administración Trump

El diario LA Times reportó que la administración de Donald Trump investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por supuestos vínculos con cárteles del narcotráfico. Esta acusación es similar a la formulada contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia. A pesar de la presunta cancelación de sus visas, el LA Times indicó que Durazo y Villarreal aún pueden viajar a Estados Unidos. Esto sería posible gracias a un permiso especial clasificado como libertad condicional por beneficio público significativo. El diario estadounidense explicó que el Gobierno de Estados Unidos otorga este tipo de permiso a individuos que colaboran como testigos en investigaciones.

La defensa de gobernadores: negaciones categóricas y respaldo oficial

Las administraciones de los gobernadores involucrados negaron las acusaciones de forma contundente. Paloma Teran, vocera del Gobierno de Alfonso Durazo, publicó en X (anteriormente Twitter) que el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha recibido notificación alguna sobre investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses. En la misma línea, Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, declaró que el reportaje del LA Times se compone de “señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”.

Fricciones diplomáticas: de Sinaloa a la Fiscalía General

Las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesan un periodo de roces diplomáticos, exacerbado por la publicación de investigaciones contra diez funcionarios y exfuncionarios públicos de Sinaloa. La investigación del Departamento de Justicia se hizo pública a finales de abril. En aquel momento, Sheinbaum sugirió la posibilidad de que las acusaciones contra Rubén Rocha y nueve funcionarios más, vinculándolos con “Los Chapitos”, pudieran tener “motivos políticos”. Desde entonces, la Fiscalía General de la República (FGR) inició su propia investigación y citó a declarar a los funcionarios públicos implicados. La FGR también solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos el envío de las pruebas que sustentan el caso contra Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza.

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