La iniciativa de la Ley General de Feminicidio pretende eliminar la fragmentación jurídica nacional mediante la homologación del tipo penal y la implementación de protocolos de investigación obligatorios ante cualquier muerte violenta de una mujer, según detalló Ingrid Gómez Saracíbar.
Homologación del tipo penal para combatir la impunidad
La disparidad entre los códigos penales estatales impide una impartición de justicia equitativa al no existir una interpretación uniforme sobre las razones de género que configuran el delito de feminicidio.
- Fragmentación actual: La tipificación penal varía entre entidades como Coahuila, Baja California y Guerrero, lo que debilita la capacidad de sanción del Estado.
- Protocolo único: La ley establece la obligatoriedad de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la perspectiva de feminicidio desde el inicio de las diligencias.
- Estandarización: Se busca que la definición de las razones de género sea coherente en todo el territorio nacional, evitando criterios divergentes entre fiscalías locales.
Estructura institucional y fiscalías especializadas
El proyecto contempla una reconfiguración de la arquitectura de seguridad y procuración de justicia para garantizar el acceso a la verdad mediante personal altamente capacitado.
- Personal certificado: La normativa exigirá la creación de fiscalías especializadas con perfiles técnicos calificados para la atención exclusiva de procesos por feminicidio.
- Blindaje de investigaciones: La especialización busca evitar la desviación de indagatorias o la clasificación errónea de feminicidios como suicidios, un fenómeno que ha obstaculizado históricamente el acceso a la justicia.
Reparación integral y protección a víctimas indirectas
La iniciativa integra un enfoque de derechos humanos que abarca la asistencia jurídica y la atención prioritaria a menores de edad en situación de orfandad tras el crimen.
- Asistencia jurídica: El Estado garantizará defensa gratuita y especializada para las familias durante todo el proceso penal.
- Restitución digna: Los protocolos aseguran que la entrega del cuerpo de la víctima sea un proceso respetuoso y asistido por profesionales.
- Certeza jurídica para menores: Se implementará un registro nacional para identificar a niñas, niños y adolescentes afectados por este delito, estableciendo mecanismos específicos de protección que eviten el abandono institucional.
