La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, calificó de traición a la patria las acciones atribuidas a la mandataria de Baja California, Marina del Pilar, tras la difusión de audios que sugieren negociaciones de información de seguridad nacional con agencias extranjeras para obtener protección ante investigaciones federales.
El origen del conflicto y la postura de Chihuahua
Este apartado detalla la confrontación política derivada de la difusión de grabaciones que vinculan a la administración de Baja California con instancias internacionales.
La gobernadora de Chihuahua señaló que, tras la exposición de audios de Marina del Pilar, el gobierno federal utilizó a su entidad como distractor para desviar la atención sobre Morena. Campos enfatizó que los casos de ambas entidades no guardan similitud, argumentando que ella no enfrenta cargos en Estados Unidos ni ha sido objeto de la revocación de su visa.
Elementos de la acusación contra Baja California
Las declaraciones de Campos se centran en la supuesta entrega de información estratégica a cambio de impunidad personal.
- Autenticidad: La gobernadora de Chihuahua sostiene que el gobierno estatal de Baja California confirmó la autenticidad de los audios filtrados.
- Seguridad nacional: Se acusa a Marina del Pilar de utilizar datos sensibles para negociar su situación jurídica, incluyendo posibles procesos de extradición.
- Cargos directos: Campos rechaza las acusaciones del oficialismo en su contra, reafirmando que su gestión ha enfrentado al crimen bajo el marco legal vigente.
Exigencia de ruptura de pactos con el crimen
La mandataria chihuahuense planteó una demanda directa al ejecutivo federal sobre la estrategia de seguridad nacional.
Campos instó al gobierno federal a romper cualquier vinculación con el crimen organizado. La gobernadora argumentó que la falta de acciones contundentes contra figuras señaladas por la justicia estadounidense, citando los casos de Sinaloa y las omisiones en torno a Rocha Moya, deriva en pérdidas directas para México:
- Seguridad: Degradación del entorno de protección ciudadana.
- Confianza: Pérdida de certidumbre institucional.
- Economía: Impacto negativo en la atracción de inversión y la creación de empleos.
Llamado a la memoria social
La postura final del posicionamiento exhorta a la ciudadanía a mantener el escrutinio sobre el actuar del gobierno federal y los funcionarios señalados.
Campos calificó las respuestas desde Palacio Nacional como “maromas discursivas” y “cortinas de humo”. La gobernadora enfatizó que la memoria ciudadana debe operar como herramienta de control frente a la impunidad, priorizando el interés del Estado sobre cualquier afinidad partidista.
