El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, implicado en huachicol fiscal, denuncia que la Secretaría de Marina (Semar) oculta información crucial para su defensa, alegando seguridad nacional y obstaculizando el debido proceso penal en su contra.
La sexta petición: Cómo la Marina niega el acceso a la verdad
El vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente enfrenta acusaciones por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal. En su sexta misiva dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, enviada el miércoles 3 de junio de 2026, Farías Laguna ha expuesto de manera enfática violaciones a su derecho a la debida defensa por parte de las autoridades competentes.
En esta comunicación, el imputado detalló que la Semar ha reservado información esencial para su defensa. Esta reserva se ampara en razones de seguridad nacional, un argumento que, según Farías Laguna, impide la aportación de pruebas fundamentales para su caso. Dicha información es indispensable en el proceso penal que lo mantiene sujeto a prisión preventiva oficiosa.
El vicealmirante cuestionó directamente las motivaciones detrás de la acción de la Marina: “¿Por qué Marina pretende reservar por Seguridad Nacional en lugar de proporcionar, como se lo ha requerido la Fiscalía General de la República, la información que ayudará a aclarar el supuesto delito cometido?”. Asimismo, el imputado profundizó en su interrogante, demandando conocer “qué pretende Marina al ocultar, obstruir la justicia y crear esta esfera de silencio y no facilitar la información que ellos tienen y resulta muy relevante para esclarecer estos hechos”.
Farías Laguna sostiene que la conducta de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Semar sugiere una “fabricación de pruebas y de culpables”. Estas acciones, a su juicio, resultan convenientes para ambas instituciones, pero constituyen una “flagrante obstrucción a la justicia, debido proceso, presunción de inocencia y vulneración a mis derechos humanos”.
El vicealmirante también argumentó que la aplicación de las reglas procesales es selectiva. Remarcó que, en otros casos, como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se exigieron “pruebas fehacientes y contundentes”. En contraste, para su vinculación a proceso, un video anónimo de YouTube fue suficiente. Por ello, solicitó a la presidenta Sheinbaum que interceda directamente ante la Semar, para garantizar la entrega de la información que su defensa ha solicitado. El vicealmirante reiteró su compromiso de seguir buscando apoyo para “que se sepa la verdad” y “romper con esta negativa de Marina y obstrucción de la justicia”. Su objetivo es aclarar los hechos que, según él, le fueron “adjudicados sin pruebas fehacientes y contundentes por parte de personas sin escrúpulos y con el único fin de consagrarse políticamente”. La situación actual, en la que se le mantiene privado de libertad, se asemeja más a un “ánimo de venganza que de justicia”. Farías Laguna subraya que personas inocentes pueden quedar como culpables, cuando los “verdaderos artífices de estos hechos” están “mencionados y detallados en la carpeta de investigación”.
El engranaje del huachicol fiscal: Qué información se ocultó
Fuentes federales confirmaron que la información crucial solicitada por la defensa del vicealmirante Farías Laguna a la Semar se relaciona con registros específicos. Estos incluyen documentos escritos y grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en aduanas. No obstante, la totalidad de esta información fue reservada por un periodo de cinco años, basándose en motivos de seguridad nacional.
En el marco del caso, la FGR ha imputado a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna la conformación de una red criminal. Esta estructura tenía como propósito facilitar el ingreso de buques que transportaban combustible, etiquetado fraudulentamente como aditivo. Para llevar a cabo esta operación, se les acusa de haber propuesto, nombrado y reubicado personal estratégicamente, con el fin de asegurar el funcionamiento de la red.
Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, solicitó los videos de las cámaras de seguridad de las aduanas marítimas. Se presume que en estas ubicaciones sus clientes ejercían control y gestionaban la operación de la red. Sin embargo, la Secretaría de Marina reservó esos registros alegando que su divulgación “pone en riesgo las instalaciones y su operatividad”. Ante la negativa, el abogado requirió las bitácoras de entrada y salida de las aduanas. El objetivo era verificar si sus clientes se encontraban físicamente en los lugares donde, según la imputación, lideraban la red desde las aduanas.
Tras recibir otra respuesta negativa a sus peticiones, el abogado solicitó los oficios firmados por los hermanos Farías Laguna. Estos documentos, se presumía, avalarían el nombramiento de personal “a modo” en las aduanas, lo que serviría para acreditar la imputación de la FGR. Adicionalmente, se pidió un detalle pormenorizado de los lugares específicos en los que los hermanos Farías Laguna supuestamente habían posicionado a sus cómplices en las aduanas marítimas. Esta solicitud incluía la posición estratégica, el puesto ocupado y la fecha exacta en que fueron nombrados los demás integrantes de la red.
Desafíos legales: La batalla por la transparencia en la justicia
Todas las reservas de información por parte de la Semar han sido impugnadas por la defensa de los hermanos Farías Laguna. Ante estas acciones, la juez de control que lleva el caso ha requerido a la FGR la entrega de la información solicitada. A pesar de esta instrucción judicial, hasta el momento no se ha hecho efectiva ninguna sanción. La ausencia de consecuencias se aplica tanto al incumplimiento de la Fiscalía como al de la Secretaría de Marina en cuanto a la entrega de los documentos y registros necesarios para la defensa.
