La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, propuso una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este nuevo organismo, dependiente del INE, busca salvaguardar las elecciones de 2027 de la influencia del crimen organizado, evaluando a los aspirantes.
Presentación de un escudo legal contra la injerencia criminal
La propuesta de reforma, anunciada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, durante la conferencia mañanera del jueves 21 de mayo de 2026, tiene como objetivo central robustecer la integridad de los procesos electorales de 2027. La iniciativa surge de la necesidad de enfrentar el riesgo de infiltración de la delincuencia organizada en las candidaturas políticas. “Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán a partir de la elección de 2027”, afirmó Alcalde. Esta medida busca dotar a las instituciones electorales de herramientas para una revisión profunda de los perfiles de los aspirantes.
La arquitectura de la Comisión de Verificación de Candidaturas
Para concretar esta salvaguarda, la propuesta detalla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este órgano operará bajo la dependencia del Instituto Nacional Electoral (INE), garantizando su autonomía y especialización en el ámbito electoral. Su función primordial será la coordinación entre diversas instituciones gubernamentales para la revisión exhaustiva de los aspirantes a las candidaturas de los partidos políticos. Los partidos podrán, de manera inicial y voluntaria, someter a sus aspirantes a este proceso de verificación, sentando las bases para una colaboración interinstitucional.
Rastreo de vínculos: cómo operará la investigación interinstitucional
La Comisión facilitará que instituciones clave del Gobierno participen en la investigación de los aspirantes. Entre las entidades encargadas de esta tarea se encuentran:
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
El propósito de esta revisión es obtener información precisa que permita establecer un “riesgo razonable” de vínculos de los aspirantes con la delincuencia organizada. Una vez recabada, la información pertinente será entregada a la Comisión, la cual recibirá los datos sin que se señale el asunto específico del que deriva el riesgo. Posteriormente, la Comisión comunicará a los partidos políticos la existencia o no de un riesgo razonable, indicando las instancias que han emitido la advertencia.
La decisión final: responsabilidad de los partidos y el aspirante
Un aspecto fundamental de la reforma es la clara delimitación de responsabilidades. Con la información proporcionada por la Comisión, los partidos políticos serán los únicos responsables de determinar si registran o no la candidatura evaluada. Este empoderamiento de los partidos busca asegurar que tomen decisiones informadas sobre la integridad de sus abanderados. Adicionalmente, la propuesta establece que para las elecciones de 2027, las personas que aspiren a una candidatura deberán manifestar su conformidad obligatoria para ser evaluados por la Comisión. Esta evaluación se realizará independientemente de la decisión del partido de someter o no la candidatura a consulta. Todo el proceso se realizará bajo estrictas condiciones de confidencialidad entre las partes involucradas, y la información identificada por las autoridades competentes tendrá carácter reservado para preservar el debido proceso en caso de investigaciones posteriores. Si se encuentra información relevante, las instituciones, conforme a sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.
