Seis meses después del asesinato de Carlos Manzo, su viuda Grecia Quiroz enfrenta una embestida del oficialismo michoacano: una reforma electoral restrictiva y una denuncia penal desde el Congreso local controlado por Morena, marcando una ruptura política.
La administración de Michoacán, liderada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y sus aliados en el Legislativo, han impulsado una serie de acciones contra el Movimiento del Sombrero. Esta confrontación incluye una reforma al Código Electoral del Estado, diseñada para limitar la participación del movimiento en futuras elecciones, así como una denuncia penal anunciada por Baltazar Gaona García, presidente del Congreso local y militante del Partido del Trabajo (PT), contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, y siete de sus colaboradores. Estas medidas evidencian un claro distanciamiento con el oficialismo estatal, que se agudiza a medio año del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.
Las investigaciones relacionadas con el asesinato del edil han resultado en la detención de 24 personas vinculadas con los hechos, además de siete fallecidas, entre ellas el autor material. Las indagatorias han revelado conexiones delictivas que alcanzan a la Fiscalía General del Estado y a la Guardia Civil, al identificarse la participación de elementos de ambas instituciones que operaban como informantes de la red responsable de planear y ejecutar el asesinato del alcalde. El fiscal del Estado, Carlos Torres Piña, reportó el 2 de junio la detención de Héctor Hugo N., alias Manuel, quien trabajaba en la Fiscalía Regional de Uruapan. Este individuo filtraba información a Gerardo N., alias el Kongo, acerca de los avances investigativos y las órdenes de aprehensión pendientes. Paralelamente, se identificó a Juan Luis N., alias el Comandante Gary, agente adscrito al área de Medio Ambiente de la Guardia Civil, quien mantenía comunicación estrecha y proporcionaba datos diversos a Wendy N., alias la Tía.
Del respaldo político a la confrontación legislativa
El 5 de noviembre de 2025, el Palacio Legislativo fue escenario de un apoyo masivo a Grecia Quiroz García, quien rindió protesta como sustituta de su esposo, Carlos Manzo, asesinado en la plaza principal de Uruapan. Seis meses después, la situación política es diametralmente opuesta. Las puertas del Congreso permanecen cerradas para los miembros del Movimiento del Sombrero, y el Poder Legislativo se prepara para interponer una denuncia contra la munícipe y sus colaboradores, derivada de una protesta en la sede legislativa.
La reforma electoral michoacana incorporó modificaciones con una clara intención de restringir al Movimiento del Sombrero, afectando la posibilidad de participación de otros ciudadanos que aspiran a contender por la vía independiente. Se prohibió explícitamente cualquier forma de campaña conjunta o alianza de facto entre candidaturas independientes que pudiese generar una percepción de bloque, agrupación, frente o plataforma común ante el electorado. Asimismo, se vetó el uso de símbolos o colores compartidos, o aquellos que hubiesen sido utilizados en contiendas anteriores. Grecia Quiroz advirtió públicamente que esta medida tenía como objetivo principal eliminar al movimiento de la contienda política.
Candados electorales y la protesta que desencadenó denuncias
Los legisladores omitieron abordar aspectos cruciales como el financiamiento público para las candidaturas independientes. En 2024, la asignación presupuestaria para estas candidaturas en Michoacán representó apenas 6.67 pesos por cada cien destinados al financiamiento para la obtención del voto de los partidos políticos. Tampoco reformaron los requisitos para la obtención de respaldo ciudadano, manteniendo el porcentaje de firmas en 2% en lugar de reducirlo al 1%, ni se ampliaron los plazos generales para recabar esos apoyos.
La implementación de estas medidas provocó una protesta en el Palacio Legislativo el miércoles 27 de mayo. Al encontrar el acceso principal cerrado, integrantes del movimiento forzaron puertas y ventanas en un intento por ingresar. El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla abrió una puerta, permitiendo la entrada a Grecia Quiroz y una comitiva. Dos días después, en sesión de Pleno, el diputado morenista Juan Carlos Barragán denunció la entrada de hombres armados al recinto legislativo durante la manifestación.
El Congreso ha anunciado una denuncia por afectaciones al inmueble contra Grecia Quiroz García, junto con:
- Paola Jazmín Ceja Téllez, coordinadora del Movimiento del Sombrero en Morelia.
- Hugo de la Cruz Saucedo, regidor del ayuntamiento de Uruapan.
- Esteban Constantino Maga, secretario de Obras Públicas del ayuntamiento de Uruapan.
- Miguel Suárez.
Además, se les acusa de agresión verbal al diputado Conrado Paz Torres, exintegrante del Movimiento del Sombrero, quien se separó acusando actos de corrupción a Carlos Manzo. Baltazar Gaona, en nombre del Congreso, exige una disculpa pública de Grecia Quiroz. La alcaldesa respondió el lunes, afirmando que los diputados son quienes deben disculparse con la ciudadanía por haber “dado la espalda a los michoacanos”. Quiroz sostuvo que: “Ellos piensan que el daño me lo hacen a mí o al movimiento, y no fue así; se lo hicieron a todos los michoacanos”.
La investigación del asesinato revela nexos y tensa el diálogo
El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, acusó a Movimiento Ciudadano de respaldar al Movimiento del Sombrero, después de que su dirigente nacional, Jesús Álvarez Máynez, condenara la reforma en Michoacán, sumándose al señalamiento de que se buscaba bloquear al movimiento. Ante esta postura, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, se vio compelido a votar en contra de la reforma, a pesar de su participación activa en la dictaminación como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales.
Más allá de Uruapan, el Movimiento del Sombrero ha desarrollado una estrategia territorial que se apoya en gran medida en el ámbito digital, donde exhibe su mayor capacidad de movilización. A partir de esta base, ha iniciado la construcción de estructuras en los 113 municipios del estado, así como en localidades y capitales de otras entidades de la República. Entre estas entidades se encuentran Jalisco, Zacatecas, Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas, Nayarit, Puebla, Guerrero, Tabasco y Colima, donde ha puesto en marcha sus “Mesitas del Sombrero” para el reclutamiento de simpatizantes, a través de una aplicación dedicada a tal fin. El diputado Carlos Bautista Tafolla sostiene que el movimiento planea competir el próximo año en siete estados de la República, además de Michoacán. Los partidos del oficialismo, en el contexto de la reforma electoral en Michoacán, argumentan que el movimiento opera como un partido político simulando ser independiente. Este argumento fue la base para los candados establecidos en el Código Electoral del Estado.
La brecha entre el Movimiento del Sombrero y el oficialismo se ha profundizado con las investigaciones del homicidio de Carlos Manzo. La postura inicial asumida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el ala de Morena afín al mandatario era de acompañamiento y simpatía, utilizando el caso para el golpeteo político contra el grupo morenista encabezado por el senador Raúl Morón Orozco, quien aspira a la gubernatura del estado y es adversario del bedollismo. De dicho grupo se ha convocado a declarar al exgobernador Leonel Godoy y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos.
La revelación de Juan Manzo, subsecretario de Gobernación del Estado y hermano del alcalde finado, así como la confirmación el 5 de mayo por el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña –quien asumió el cargo con el respaldo del bedollismo y también aspira a la gubernatura–, de que Grecia Quiroz no ha entregado el celular de Carlos Manzo para las investigaciones, evidenció una ruptura significativa. El propio Alfredo Ramírez declaró que el teléfono debía entregarse a la Fiscalía, sin cuestionar por qué esta no había requerido oficialmente dicho aparato. A partir de entonces, los señalamientos contra Grecia Quiroz por este tema han sido recurrentes entre los actores políticos estatales. Durante la sesión en la que se aprobó la reforma electoral, y en presencia de la alcaldesa, diputados de Morena le gritaron para que entregara el celular.
