El 25 de mayo de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió una directiva pública para no ver TV Azteca, planteando un desafío directo a los fundamentos legales de la libertad de expresión y los límites del poder estatal en una democracia.
La voz del estado: El funcionario y su investidura pública
Un servidor público, al hablar desde la tribuna del Estado, lo hace con investidura, autoridad y potestad pública, trascendiendo la esfera de la opinión ciudadana individual. Esta posición fue consolidada por la Corte Interamericana en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela (5 de agosto de 2008, párr. 131). Dicha sentencia subraya la obligación del funcionario de verificar la razonabilidad de los hechos y medir el peso de su credibilidad, absteniéndose de inducir acciones lesivas al debate democrático.
En el caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (26 de mayo de 2010, párr. 172), la Corte precisó que el Estado no debe propiciar, estimular o alimentar la vulnerabilidad de quienes se expresan. La exhortación de la presidenta se realizó en un contexto oficial: durante la conferencia matutina, con micrófono institucional, bandera al fondo y cámaras del Estado. Argumentar una “opinión ciudadana” resulta inservible, ya que la investidura oficial no se desvincula al subir al estrado, ni se silencia con un tono coloquial. La asimetría es estructural: el ciudadano se dirige a sus pares, mientras que el funcionario actúa con la potencia del Estado detrás.
Cuando la primera mandataria insta a “no vean” un medio, no se limita a una recomendación o una opinión; establece un objetivo. Cualquier medio que observe este señalamiento comprende, sin necesidad de notificación explícita, el costo de incomodar al poder. La Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana ya advirtió sobre la doble dimensión de la libertad de expresión, individual y social, donde esta última exige al poder no interferir en el libre flujo de ideas. Por consiguiente, el deber de mesura del servidor público constituye un estándar convencional, no una cortesía protocolaria. Hablar con investidura obliga a la mesura, no confiere privilegios.
La censura del siglo XXI: Del decreto al señalamiento indirecto
La censura contemporánea no requiere decretos formales, órdenes de clausura o incautaciones. Basta con señalar, estigmatizar y marcar al disidente desde la tribuna oficial. Por ello, el artículo 13.3 de la Convención Americana prohíbe explícitamente los medios indirectos, los rodeos institucionales y los caminos colaterales de restricción. Los principios 5 y 13 de la Declaración de la CIDH (2000) vedan toda presión, represalia o uso del poder estatal contra la línea editorial de un medio.
La jurisprudencia es firme en esta aplicación. Casos como Ríos y otros vs. Venezuela (28 de enero de 2009, párr. 139) establecen que las declaraciones de funcionarios no pueden constituir injerencia indirecta ni presión lesiva sobre quienes contribuyen al debate público. De manera similar, Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela (22 de junio de 2015) dictaminó que medidas formalmente neutrales revelan su naturaleza censuradora cuando se insertan en patrones previos de descalificación. Este corpus jurídico forma parte del derecho mexicano vigente, conforme al artículo 1º constitucional y la contradicción de tesis 293/2011 de la SCJN.
La Declaración Conjunta de Relatores del 3 de marzo de 2017 refuerza que, ante la desinformación, el remedio es la réplica según el artículo 14, no el boicot desde el púlpito, la condena en la conferencia matutina o la cancelación por consigna. Este consenso internacional es robusto, respaldado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), la Convención Americana, la Carta Democrática Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Todos coinciden en un principio fundamental: la crítica al poder es esencial para el sistema democrático, y el poder no puede defenderse señalando a los emisores. Donde el Estado sanciona la línea editorial, el daño no se limita al medio; se extiende al régimen de libertades.
@latinus_us Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta sobre “Mexicanos al Grito de Paz”, colectivo que ha realizado actos contra su gobierno y que, de acuerdo con la reportera, sería difundido por perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego. “No vean TV Azteca”, dijo la presidenta, quien también planteó crear en “Detector de mentiras” un premio al “mitómano de la semana”. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original – Latinus
El “chilling effect”: La autocensura como consecuencia del poder
La doctrina del chilling effect, originada en Wieman v. Updegraff, 344 U.S. 183 (1952), y elevada a paradigma en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), invalida cualquier medida estatal que genere un riesgo razonable de autocensura. Esta doctrina no exige una sanción formal, coacción visible o sello oficial para su aplicación.
Una objeción común es que no hubo decreto ni multa, y que el público mantiene su libertad de elección. Sin embargo, esta postura no resiste un análisis riguroso por las siguientes razones:
La censura contemporánea frente a la objeción clásica
El artículo 13.3 no requiere una sanción explícita; prohíbe los medios indirectos. El caso Ríos (párr. 139) calificó las declaraciones presidenciales, incluso sin orden ejecutiva, como tales. La objeción confunde la censura clásica con la contemporánea, la acción punitiva con el estigma.
El episodio no aislado: Contexto agravante de Granier
El señalamiento actual no es un incidente aislado; se integra en un engranaje de eventos previos, incluyendo el premio “El mitómano de la semana”, disputas fiscales anteriores y descalificaciones cotidianas desde la conferencia matutina. Este contexto agrava la situación, conforme al precedente de Granier, y no constituye una anécdota inocente.
El daño institucional más allá de la elección individual
El bien lesionado no es únicamente el receptor, quien conserva su libertad de elegir, sino el emisor directamente señalado y, crucialmente, los demás emisores que observan el costo de disentir. Este es el aspecto institucional que la Corte Interamericana defiende en casos como Cepeda Vargas y Ríos: el artículo 6º actúa como una muralla para proteger al ciudadano frente al poder, nunca como una mordaza para la ciudadanía.
La democracia no subsiste con una única voz; respira a través de múltiples, incluyendo las discordantes. La pluralidad informativa no es un adorno estético, sino un requisito estructural. El pluralismo protege incluso al medio que comete errores, ya que un sesgo plural puede corregirse con otros sesgos, mientras que un sesgo único se petrifica en dogma. La principal víctima del relato único no es el adversario político o el medio crítico, sino la ciudadanía, que pierde su capacidad de comparar, contrastar y elegir libremente.
La crítica dirigida al poder es un derecho fundamental; la crítica que emana del poder es un deber matizado; y la exhortación al boicot constituye un exceso. La censura puede existir sin coacción, la represalia sin sanción, y la mordaza sin decreto formal. El artículo 6º protege al ciudadano del poder, jamás al poder del disidente. La línea editorial, incluso si es ofensiva, debe ser protegida. El derecho a saber no se mide por simpatías, sino que se garantiza por principios. La verdad no necesita boicot, la democracia no necesita silencio y la república no necesita conferencias matutinas para coartar a los medios.
